El fiscal general del Estado propuso ayer al ministro de Justicia el nombramiento de Javier Zaragoza Aguado como nuevo jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Tras escuchar al Consejo Fiscal, máximo órgano de representación democrática de la carrera, Cándido Conde-Pumpido pidió al Gobierno que el viernes nombre fiscal jefe del tribunal central antiterrorista al actual responsable Antidroga, un reputado experto en crimen organizado de su entera confianza que deberá gobernar la fiscalía más poderosa en pleno proceso de paz.
Zaragoza, que podría tomar posesión del cargo la próxima semana, sustituirá a Eduardo Fungairiño, que presentó su dimisión el pasado 1 de febrero después de que Conde-Pumpido le diese a elegir entre la renuncia o el cese. El nuevo fiscal jefe es un jurista progresista y con amplia experiencia tras quince años en la cúpula de Antidroga. En los próximos meses jugará un papel protagonista al frente del órgano que controlará la aplicación de algunas de las medidas que pueden facilitar un hipotético proceso de liquidación del terrorismo de ETA, como el acercamiento de presos, la vuelta a la legalidad de Batasuna, los cambios en la política penitenciaria o las actuaciones que afecten a los convictos de la banda y a sus condenas.
Conde-Pumpido ha buscado para la Audiencia Nacional a un fiscal jefe con el que se entienda y pueda mantener «fluidez en la comunicación, entendimiento personal, rigor organizativo y transparencia de funcionamiento», después de que Fungairiño incumpliese de forma reiterada sus órdenes y directrices.
Conde-Pumpido ha propuesto a Zaragoza para la jefatura vacante después de que el actual responsable Antidroga recibiese ayer el apoyo de la mitad de los miembros del Consejo Fiscal, máximo órgano de representación de la carrera, que valoró la idoneidad de los ocho aspirantes al cargo.
Zaragoza fue apoyado por los tres vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), por el fiscal general, por el teniente fiscal y por el jefe de la Inspección. Los seis vocales conservadores de la Asociación de Fiscales (AF) dieron su apoyo en bloque a Fernando Sequeros, fiscal de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Ninguno de los otros seis candidatos -cuatro del Supremo y dos de la Audiencia Nacional- recibió voto alguno.
Trabajó en Euskadi
El fiscal general, ante el empate en el órgano consultivo, decidió proponer a Zaragoza por ser el candidato con mayor categoría (es fiscal de sala), por sus más de quince años de experiencia en puestos de jefatura, por su dominio de una fiscalía especial y por su conocimiento directo de la Audiencia Nacional, según un comunicado de su gabinete de prensa. «Conde-Pumpido también ha valorado para esta propuesta su conocimiento del País Vasco», donde estuvo destinado entre 1982 y 1987 y dopnde trabó amistad con el ahora fiscal general.
La designación provocó respuestas divergentes entre las asociaciones de fiscales. Mientras los conservadores de la AF criticaron que haya primado en el nombramiento la «confianza, lealtad o sintonía personal» respecto al mérito y la capacidad, la Unión Progresista calificó a Zaragoza como el «candidato idóneo» para este puesto.