Diez furgonetas blancas pintadas de azul llegaron ayer a mediodía a las puertas del Parlamento, ante los leones del palacio de la Carrera de San Jerónimo, cargadas con 876 cajas repletas de pliegos de firmas de los 4.028.396 españoles que se han sumado a la iniciativa del PP para pedir al presidente del Gobierno la convocatoria de un referéndum. A fin de evitar una colisión con la legislación, el PP no reclama una consulta sobre el Estatut sino sobre el hecho de que España siga siendo la única nación y que todos los españoles tengan los mismos derechos.

El líder de la oposición, Mariano Rajoy, que se dejó fotografiar ante las cajas con los documentos, aseguró que «esta iniciativa no va contra nadie, es a favor del sentido común», y dijo que «es exquisitamente democrática». Destacó que se trata de la propuesta «más respaldada de la democracia» desde la aprobación de la Constitución y ofreció a los propietarios de los cuatro millones de firmas el compromiso del PP con la defensa de su reivindicación en pro de un referéndum.

Como prueba de la importancia que su partido concede a la voluntad expresada por los firmantes, será Rajoy quien defienda la propuesta ante el pleno del Congreso, el próximo martes. El presidente popular escenificó la entrega de rúbricas en el Parlamento arropado por una treintena de diputados de su grupo y varios miembros de la plana mayor, como Ángel Acebes, Eduardo Zaplana y el presidente del PP catalán, Josep Piqué.

Insistió en que la propuesta para reclamar la consulta popular «no es partidista ni de derechas ni de izquierdas ni de centro, no es ideológica». Aseguró que cuenta con el apoyo de personas que no han votado al PP y que, probablemente, nunca lo votarán pero han querido salir en defensa de las reglas de juego aprobadas por todos en 1978.

Rajoy presentó el referéndum como una consulta sobre la continuidad de los acuerdos pactados con la Constitución. De hecho, aseguró que «ésta es la primera vez que se rompe el consenso» y culpó de ello a Zapatero, algo que -según dijo- nunca hicieron Suárez, González ni Aznar. «En el 78 todos los españoles decidimos las reglas», afirmó y señaló que en la Transición se acordó que España es una nación y que los españoles son iguales en derechos y obligaciones.

«Ahora -denunció- se toman decisiones en toda España que no van en la línea de lo aprobado» en la Constitución y aseguró que cada autonomía adopta acuerdos sin contar con las demás hasta el punto de que se cometen «auténticos disparates». Todo ello significa, según él, la liquidación de las normas del 78 «por la puerta de atrás». Para impedirlo, justificó el recurso a la consulta que auspicia su partido, en una petición formal al presidente para que llame a los españoles a las urnas. En su opinión, este motivo es «muchísimo más importante» que la Constitución europea sobre la que sí se celebró un referéndum.

Como un mitin

Rajoy no permitió preguntas al término de su intervención, que formuló como un mitin en pleno centro de Madrid. En ningún momento mencionó el Estatut que se tramita en Senado ni la reforma que debate el Parlamento andaluz pero se refirió a ambos en sus críticas: «Se está decidiendo desde las autonomías que España sea una confederación de Estados».

En réplica a los miembros del Gobierno que aseguran que tras la aprobación del Estatut no pasará nada, vaticinó que las repercusiones de las decisiones que ahora se adoptan se notarán en el futuro. «Vamos a menos España», dijo, y auguró que habrá un «Estado débil, menguado y sin recursos». Concluyó que, dentro de 15 años, intentará ponerse remedio a esta situación «pero será tarde».