Los partidos nacionalistas celebraron ayer el Aberri Eguna con su atención centrada en las consecuencias del alto el fuego permanente de ETA. Las formaciones abertzales ostentan una amplia representación política de la ciudadanía en el País Vasco. Son a la vez la causa y el efecto de que miles de mujeres y de hombres consideren que Euskadi -o Euskal Herria- es una nación; una voluntad colectiva demandante de derechos no reconocidos del todo en el actual marco estatutario y constitucional. La democracia permite e invita al reconocimiento de esa forma de pensar. Pero, igualmente, la democracia exige al nacionalismo el reconocimiento de una realidad diversa y de un ánimo pluralista como el rasgo más común a la ciudadanía vasca. La democracia no puede erigirse sobre la censura de uno u otro pensamiento político. Pero sí supone un ejercicio permanente de renuncia. En este caso, de supeditación de lo que los abertzales denominan 'construcción nacional' a la construcción institucional y política que requiere una sociedad libre. El documento que el PNV ha hecho público con motivo del Aberri Eguna 2006 afirma que «Euskadi es hoy más nación que nunca». Pero lo que el nacionalismo califica como nación es en realidad una comunidad política y de autogobierno que ha sido y seguirá siendo posible como denominador común de la diversidad; nunca como realización sublimada de un proyecto ideológico al dictado. De ahí que resulte de una simpleza insostenible la afirmación de Ibarretxe de que «los vascos no tenemos otra Constitución que los derechos históricos».

Las formaciones nacionalistas están reaccionando con disparidad y desconcierto al alto el fuego de ETA. Hoy resulta fácil establecer la distinción entre el pactismo por el que se inclinan Josu Jon Imaz y la oficialidad jeltzale y el soberanismo más o menos rupturista en que parece confluir el resto de las opciones abertzales. Dicha diferencia es el reflejo de la enésima recomposición de fuerzas que vive el nacionalismo, esta vez al albur del alto el fuego etarra. Pero no atañe únicamente a la familia abertzale. Afectará a la orientación que finalmente adopte el llamado 'proceso de paz', al horizonte de autogobierno estable e integrado que pueda alcanzar Euskadi y a la gobernación de un entramado institucional que podría acabar cuarteando a un país que se muestra carente de una mayoría clara y duradera para la dirección de sus instituciones.

Ayer volvió a demostrarse que nada significa lo mismo para el abertzalismo más soberanista y para el no nacionalismo, e incluso para el nacionalismo pactista. No significan lo mismo la paz o la normalización. Tampoco significa lo mismo la mesa de partidos. No es casual que los firmantes del llamado Acuerdo de Base -Batasuna, EA y Aralar entre ellos- insistan en referirse a la Mesa para la Resolución confiriendo al diálogo político un carácter excepcional y dirigido a corresponder «consecuentemente» al alto el fuego permanente de ETA. Lo que ayer podía parecer una diferencia sutil ha adquirido ya connotaciones más preocupantes. La pretensión de sacar el diálogo político del ámbito parlamentario para integrar a la ilegal Batasuna en él resulta inconveniente y arriesgada. Pero además el intento de orientar la tarea de esa eventual mesa a la recreación de una nueva transición que deje de lado el ordenamiento vigente -incluidas sus cláusulas de reforma- conduciría el diálogo político al mismo callejón sin salida hacia el que ya se encaminó el plan Ibarretxe. Desde este punto de vista, resulta significativo que sean aquellos que más han preconizado la necesidad de un diálogo sin límites ni condiciones quienes más tratan de condicionar y definir su sentido.

ETA se ha pronunciado en contra de que el diálogo político sea protagonizado exclusivamente por partidos, sin duda porque pretende diluir el papel que éstos desempeñan en toda democracia representativa. Ha de tenerse en cuenta que el denominado Acuerdo Democrático de Base, saludado con satisfacción por la propia ETA, está integrado por 55 entidades de la más diversa índole que garantizan la inapelable hegemonía de la izquierda abertzale en dicho foro. Por su parte, Batasuna ha situado la territorialidad y la autodeterminación no como aspiraciones legítimas sino como reglas fundamentales de juego fijadas, sin duda, para determinar el resultado de éste. Eusko Alkartasuna y el propio lehendakari Ibarretxe han advertido de que el 'derecho a decidir' implica que aquello por lo que opten mayoritariamente los vascos no pueda ser modificado en las Cortes Generales. Son las aristas que el nacionalismo más soberanista ofrece como dificultad añadida al siempre complicado diálogo político en el País Vasco. Aristas que obligan tanto a las formaciones no nacionalistas como al PNV de Imaz a administrar los tiempos frente a los más radicales que demandan la puesta en marcha urgente de la Mesa de la Resolución. Aristas que, en definitiva, obligan a posponer el diálogo político sobre el futuro del autogobierno vasco a la previa verificación de que el alto el fuego tiende a ser definitivo.