Con la OPA de Gas Natural sobre Endesa paralizada por la Justicia, y de rebote también la de E.on, la controversia sobre el futuro del sector energético español llegó ayer ante el Tribunal Constitucional. El Partido Popular presentó ayer un recurso contra el decreto-ley que refuerza los poderes de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que pueda analizar, e incluso vetar, la oferta presentada por el gigante alemán. La primera fuerza de la oposición considera que esa regulación viola varios artículos de la Carta Magna, como los referidos a la libertad de empresa, el principio de igualdad y la seguridad jurídica.

Esa normativa es, según el PP, un intento del Gobierno de torpedear la propuesta de E.on para privilegiar la de Gas Natural, cuyo precio es inferior. Su portavoz adjunto en el Congreso, Vicente Martínez-Pujalte, acusó al Ejecutivo de «jugar al Monopoly -juego de mesa en el que se compran y venden calles y propiedades inmobiliarias- con empresas de verdad». Su actuación en este asunto puede «ser el preludio de una Marbella de 'cuello blanco' organizada desde La Moncloa», señaló en alusión a la trama de corrupción destapada en la localidad malagueña.

«Inseguridad jurídica»

El diputado del PP, que entregó el recurso en la sede del Alto Tribunal, aseguró que el decreto-ley es «claramente inconstitucional». Se trata de un «disparate» que genera «inseguridad jurídica» y abre las puertas a la judicialización de las decisiones relativas a las 'opas', aseguró. Martínez-Pujalte volvió a acusar al Gobierno de «cambiar las reglas del juego a mitad del partido» -la regulación fue aprobada después de que E.on lanzara su oferta- y de no pensar en los consumidores ni en los pequeños accionistas.

Según el recurso presentado por el PP, la norma restringe un derecho fundamental, el de la libertad de empresa, reconocido por el artículo 38 de la Constitución. El Partido Popular denuncia, en particular, la nueva redacción de la 'función 14' encomendada al regulador, que somete a autorización administrativa previa determinadas operaciones de adquisición que antes estaban exentas de ella. Por ejemplo, la compra de participaciones superiores al 10% del capital social o cualquier otro que conceda influencia significativa en determinadas sociedades.

Además, considera que la nueva regulación vulnera el artículo 9.3 de la Carte Magna, que recoge la no retroactividad de las normas sancionadoras no favorables o restrictivas. Finalmente, el PP entiende que la reforma de la CNE atenta contra el artículo 14, que establece el principio de igualdad ante la ley; y el 9.3, que garantiza la seguridad jurídica. En su recurso ante el Constitucional, los 'populares' argumentan que se da un trato diferente a operaciones que lograron autorización de la Comisión Nacional de la Energía antes del decreto-ley -la OPA de Gas Natural sobre Endesa- y las que estaban ya planteadas, pero no la habían obtenido, como el el caso de E.on.