La Comisión Europea ha decidido emprender diferentes procedimientos de infracción contra 17 Estados miembros por su falta de cumplimiento del derecho comunitario en el sector de la energía. Y en esta batería de futuros pleitos, el país más claramente señalado como 'incumplidor' por el Ejecutivo comunitario ha sido España. La Comisión se siente fuerte tras el respaldo del reciente Consejo Europeo de marzo a la creación de un mercado común de energía ante las amenazas externas a la Unión en el suministro y el futuro incierto del gas y del petróleo. Además, la canciller alemana, Angela Merkel, apoya a fondo al presidente Barroso para que impulse la liberalización de los mercados y luche contra las tentaciones españolas y francesas de 'patriotismo económico'. En concreto, la Comisión busca con sus procedimientos de infracción que nuestro país respete las reglas del juego del incipiente mercado europeo de la energía y desarrolle de una vez las directivas de gas y electricidad sobre libre elección de proveedores. Del mismo modo, la Comisión ha denunciado la ley española relativa a las participaciones públicas en el sector de la energía, que impide la adquisición de más del 3% de una empresa energética de España sin autorización del Gobierno; una ley aprobada en 1999 por el Ejecutivo del PP para frenar la entrada de la empresa francesa EDF en España. Y, en pocas semanas, se podría añadir un nuevo procedimiento de infracción por el apresurado decreto-ley que autoriza a la Comisión Nacional de la Energía a rechazar la OPA de E.on.

España no puede pasar de haber sido un país modélico en el cumplimiento de las disposiciones de Bruselas a, literalmente, arrastrar los pies ante la legalidad comunitaria, cuando no a ignorarla. Las fuertes multas al final del posible proceso judicial en el Tribunal de Luxemburgo no son las únicas razones para cumplir con las normas europeas; está en juego la credibilidad y la confianza internacional de nuestra economía, cada vez más abierta y dependiente del exterior.