Por fin hemos conseguido un paso, pequeño pero real, en orden a instaurar una democracia en el campo económico, y se ha prohibido la estafa sistemática de cobrar por servicios no prestados, con el 'redondeo' en bancos, garajes, etcétera. En justicia, a los culpables de ese 'negocio redondo' habría que obligarles ahora a devolver todo lo estafado; cuando no sea posible a sus víctimas inmediatas, a los servicios sociales. En esta línea, pido que se investigue y se acabe con los abusos, cada vez más frecuentes, de organizaciones que cobran buenos dineros por -dicen- darnos servicios. En realidad, cuando la víctima de esa nueva estafa telefonea para requerir tales servicios, se encuentra con que no los recibe, o muy tarde, con el sencillo procedimiento de tener pocos operadores al teléfono, o incluso dejarlo descolgado, o 'en espera', con musiquillas impertinentes que invitan a abandonar. La Administración Pública debería tener una sección específica de denuncia de este tipo de estafa, e investigarla con la rapidez y facilidad que proporciona este medio telefónico, estableciendo unos baremos estadísticos que le permitan detectar y sancionar debidamente esos abusos, esas verdaderas estafas, según la definición técnica del Código Penal, artículo 521.