En tan sólo tres meses se ha registrado un giro copernicano en Israel. Ariel Sharon, responsable de la evacuación de Gaza, ha abandonado definitivamente la escena política, no sin antes fundar Kadima. Este nuevo partido político ha conseguido desbancar en las recientes elecciones, por primera vez en la historia de Israel, a las dos principales formaciones sionistas: el Partido Laborista (que había disfrutado el monopolio político en las tres décadas posteriores al establecimiento del Estado judío en 1948) y el Likud (que, desde la victoria de Menahem Begin en 1977, había logrado imponerse en buena parte de las elecciones, presentándose como máximo valedor de la integridad del bíblico Gran Israel).

Lo más sorprendente es que Kadima, formación que ha atraído tanto a dirigentes likudíes como laboristas, carece de programa político y, aún así, se ha convertido en el partido más votado en las elecciones del 28 de marzo, obteniendo 28 de los 120 escaños de la Knesset: mucho menos de lo anunciado por algunas encuestas, pero mucho más de lo logrado por las dos históricas formaciones sionistas: el Partido Laborista (con 20 diputados) y el Likud (con 11). Esta paradoja podría explicarse aludiendo a que buena parte del electorado considera que la prioridad del nuevo gobierno debería ser la imposición de una estricta separación entre israelíes y palestinos.

Estas elecciones han sido para muchos una suerte de referéndum para decidir si se apostaba por el mantenimiento del estatu quo o, por el contrario, se intentaba salir del círculo vicioso creado por la ocupación de los territorios palestinos en 1967. En su primer discurso tras la victoria, Ehud Olmert manifestó: «Estoy dispuesto a renunciar al sueño del Gran Israel. Estamos preparados para evacuar a los judíos que viven en los asentamientos para permitiros cumplir vuestro sueño de tener un Estado». Quedaba claro que Olmert continuaría la política iniciada en su día por Sharon, evacuando algunos asentamientos, especialmente aquéllos situados en pleno corazón de Cisjordania, que, al contrario que los grandes bloques cercanos a la Línea Verde, no serán anexionados por Israel. De cumplirse estos planes, cerca de 75.000 de los 225.000 colonos podrían ser desalojados en esta legislatura, con el propósito de trazar unilateralmente las fronteras permanentes de Israel.

Esta operación, bendecida por Washington y probablemente también por Bruselas (ya se sabe que quien calla, otorga), se desarrollará de forma unilateral y sin negociar con la parte palestina, ni con Hamás, vencedora de las recientes elecciones, ni tampoco con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas. Pese a que todavía hay quienes, ingenua o intencionadamente, interpretan que Israel se retirará del 90% del territorio ocupado (Olmert iría así más allá de lo que fue Barak en Camp David), parece obvio que se pretende algo muy distinto. El objetivo es partir el territorio siguiendo la lógica de 'lo que está habitado por judíos para Israel, lo que está habitado por palestinos para Palestina', dividiendo Cisjordania en cuatro bantustanes palestinos aislados en el norte, centro y sur al que se sumaría el área de Jericó, quedando la parte restante -los grandes bloques de asentamientos, el entorno de Jerusalén Este, las áreas colindantes con la Línea Verde y también todo el valle del Jordán- en manos israelíes.

De esta manera, como señaló recientemente el profesor Marwan Bichara, «la separación se convierte en un estado de segregación permanente». Por obra del muro, que estará finalizado en un año, Israel encerrará a la población palestina en un territorio que no supera la mitad de Cisjordania y que, por si no fuera poco, carece de contigüidad y, por lo tanto, de viabilidad. Este Estado residual palestino tampoco tendrá el control de sus fronteras ni ninguna comunicación con el exterior, dependiendo en todo momento de Israel, que se reservará la posibilidad de abrir o cerrar sus puertas según el comportamiento de la población palestina. Algo así como lo que ocurre en la miserable Franja de Gaza desde la evacuación israelí, al borde de la crisis humanitaria debido a las restricciones de unas autoridades israelíes empeñadas en someter a los palestinos a «una dieta de adelgazamiento» (según palabras de Dov Weissglass, principal consejero de Olmert) para que reconsideren su apoyo a Hamás.

Está por ver si la comunidad internacional recibirá este plan, como hizo tras la evacuación de Gaza, con alharacas y regocijo o, por el contrario, decidirá tomar cartas en el asunto para evitar que Israel, la potencia ocupante, imponga, por su cuenta y riesgo, una solución al problema palestino contraria al derecho internacional y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (no sólo la 242 de 1967, que reclamaba la retirada israelí de los territorios ocupados en el curso de la Guerra de los Seis Días, sino también la 1397 de 2002, que exigía el establecimiento de un Estado palestino soberano y viable). Por lo visto desde los atentados del 11 de Septiembre, parece que la Administración de Bush no se replanteará el respaldo al Ejecutivo israelí e, incluso, estaría dispuesta a financiar parte de los costes de una nueva evacuación.

Por lo que respecta a la Unión Europea, no cabe esperar que, en el corto plazo, salga de la situación de parálisis en la que se encuentra su política exterior; eso sí, no dejará pasar ninguna oportunidad para exigir al nuevo gobierno palestino que abandone la violencia, reconozca a Israel y acepte el infructuoso proceso de paz que tiene en la Hoja de Ruta su último eslabón. Probablemente la posición europea no cambiará en el medio plazo, al menos mientras, como señaló Bichara Khader, siga arrastrando el complejo del Holocausto: «Responsable de la Shoah, el mundo europeo se esfuerza en borrar esa mancha sacralizando al Estado hebreo, aplaudiendo sus éxitos militares y proporcionándole sin cesar certificados de buena conducta»

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