El Ayuntamiento de Basauri, personado como acusación particular, ha pedido un total de quince años de cárcel para dos miembros de ELA que protagonizaron un incidente el 13 de febrero de 2004 con motivo de la huelga de limpieza que afectó a la localidad durante casi un año. El abogado del Consistorio ha solicitado en las calificaciones provisionales ocho años de prisión para el responsable del sindicato en la comarca y miembro de su comité nacional, Donato Caballero, y siete años para un huelguista afiliado a la central nacionalista. La Fiscalía, por su parte, rebaja la petición de cárcel para el sindicalista en un año.

Los dos imputados participaron aquel día en una manifestación junto a un grupo de trabajadores de la subcontrata de limpieza, cuya huelga respondía a la demanda de mejoras laborales. Al término de la protesta, los huelguistas intentaron acceder al interior del Ayuntamiento para entrevistarse con el alcalde, Rafael Ibargüen, del PNV. La Policía Municipal, sin embargo, les impidió el paso. Se produjeron, entonces, forcejeos con los agentes y destrozos materiales, que la acusación particular ha valorado en 900 euros. A consecuencia del enfrentamiento, un policía resultó herido leve. A raíz de aquellos sucesos, el Ayuntamiento decidió emprender acciones legales contra el sindicalista y el afiliado a ELA.

Ambos están acusados de desórdenes públicos y daños. Sobre Caballero pesa, además, un delito de resistencia a la autoridad. En el otro caso existe una imputación por atentar contra la autoridad. La vista oral está fijada para el próximo 11 de mayo.

«Venganza del alcalde»

El alcalde de Basauri aseguró que el Ayuntamiento está dispuesto a retirarse como acusación particular si los imputados reconocen lo sucedido y abonan los destrozos ocasionados. «Entonces, quitaríamos la denuncia», prometió Ibargüen.

A juicio de Donato Caballero, histórico miembro de la dirección de ELA, esta petición responde a «una venganza exclusiva del alcalde» y se trata de una cuestión «personal». «Me consta que no ha sido una decisión política del PNV, ya que hay gente dentro del partido que ni siquiera tiene conocimiento de este tema. Si creen que se ha cometido un delito de esa índole, deberían haber informado al resto de la Corporación, cosa que no han hecho», explicó. El sindicalista mostró su sorpresa por el posicionamiento del Ayuntamiento. «Confiaba en que retirara la denuncia», señaló.

El resto de agrupaciones políticas con representación en Basauri evitaron ayer pronunciarse en este conflicto y abogaron por «dejarlo en manos de los tribunales». De hecho, los representantes de los partidos se enteraron ayer mismo de la petición del abogado del Ayuntamiento.