El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha ordenado hoy el ingreso en prisión eludible bajo fianza de 250.000 euros del portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, al que acusa de haber convocado la huelga general del 9 de marzo en el País Vasco y Navarra que desembocó en 108 altercados públicos.

Además de ordenar el encarcelamiento de Otegi, el magistrado dictó un segundo en el que fijó las fianzas para los otros dos líderes de Batasuna para los que Grande-Marlaska ordenó prisión incondicional por esta misma causa. El dirigente abertzale Juan José Petrikorena y ex portavoz de Gestoras Pro Amnistía, ambos en la cárcel desde el 16 de marzo, deberán abonar cada uno 200.000 euros para poder salir de prisión.

El juez afirma que Otegi, quien ingresará en la prisión madrileña de Soto del Real hasta que haga efectiva la fianza impuesta, deberá, una vez que la haya depositado, personarse diariamente entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde en dependencias de la Ertzaintza. La misma medida ha sido acordada para Olano y Petrikorena.

El auto imputa a Otegi los delitos de integración en organización terrorista, y autor" mediato" o inductor de las coacciones, desórdenes públicos y estragos de tipo terrorista que se produjeron durante la jornada de huelga.

La Fiscalía cambia de criterio

En la comparecencia celebrada esta tarde ante el juez, Otegi se negó a responder a las preguntas que le fueron planteadas, y se limitó a hacer una exposición en la que se definió como "político" y se refirió a la situación que se plantea después de que la banda terrorista ETA haya declarado un alto el fuego permanente.

Al término de la comparecencia, la Fiscalía -que el pasado día 10 había anunciado que solicitaría prisión incondicional para Otegi- suavizó su petición y la dejó en prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros, cantidad que habría que añadir a los 400.000 que ya depositó el pasado mes de mayo.

Las dos acusaciones populares personadas en la causa, ejercidas por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y por la asociación Dignidad y Justicia, sí solicitaron prisión incondicional para el dirigente abertzale.