Lamarca ha entregado hoy a la presidenta del Parlamento vasco, Izaskun Bilbao, el informe anual de Oficina del Defensor del Pueblo Vasco correspondiente al 2005, cuyos contenidos ha explicado después en una conferencia de prensa.

El Ararteko ha dicho que el pasado año se registraron un total de 1.459 quejas de ciudadanos individuales y colectivos. Del total, se estimó que existía alguna irregularidad en el 37,39%, que se sumaron a las 42 actuaciones de oficio emprendidas por la institución.

En el 95,96% de los casos la administración afectada ha enmendado error y, la mayoría de éstas lo ha hecho sin que fuera necesario efectuar una recomendación. A pesar de este grado de cumplimiento, Lamarca ha advertido de que se han tenido que tramitar un "alto número" de requerimientos (677) a las administraciones que no respondieron en plazo.

Asimismo, se han enviado 30 apercibimientos (reclamación que se envía a las administraciones tras tres requerimientos sin respuesta). Por ello, ha emplazado a las instituciones a "corregir el deber de colaborar con el Ararteko ", tanto en el contenido como en el tiempo que, según Lamarca, no debería superar los tres meses, de cara a garantizar los derechos de los ciudadanos que presentan las quejas.

En la lista negra

En este sentido, Lamarca ha criticado que existen administraciones que el pasado año no respondieron a los apercibimientos, en concreto el Ayuntamiento de Bilbao, el Departamento vasco de Interior y la Junta Administrativa de Ereña (Alava). Asimismo, ha exigido a las administraciones públicas que se "pongan el chip de la buena administración", de cara a mejorar los canales de información y de participación con los ciudadanos, ya que "hay ciudadanos que se sienten no debidamente atendidos y que, incluso denuncian situaciones de prepotencia y de abuso".

El mayor número de reclamaciones se dirigió a los ayuntamientos (47,29%), el 35,05% al Gobierno vasco y el 12,62% a las diputaciones. En cuanto a los municipios, los vizcaínos fueron los que más quejas recibieron (49,21%), seguidos de los guipuzcoanos (29,45%) y de los alaveses (17,59 %).

Además de las 21 recomendaciones puntuales, el informe recoge seis recomendaciones generales relacionadas con el empadronamiento de inmigrantes, la participación ciudadana en el ámbito local, la edificación sostenible, la mejora de las ayuda institucional a las asociaciones que trabajan en el campo social, o con los perros guía.