Posiblemente está próxima a aprobarse en el Congreso de los Diputados una proposición de ley reguladora del tratamiento de la deuda externa. Pero lo curioso es que la información relativa a esta ley no me ha llegado por las vías de comunicación que normalmente utilizan el Gobierno o los partidos políticos. La información me ha llegado a través de una amiga activista de la campaña '¿Quién debe a quién?', campaña que, entre otras cosas, exige la abolición de la deuda externa. Me resulta desesperanzador que temas tan importantes se legislen de espaldas a la ciudadanía española. Los gobernantes y políticos españoles, en nombre de la ciudadanía desinformada y representada por ellos, aprobarán una ley que seguirá impidiendo el bienestar de millones de personas y condenándolas al subdesarrollo económico perpetuo que realmente supone el pago de la deuda externa. La deuda contraída con el Estado español, parte de la cual viene originada por fallidos negocios de compañías españolas avaladas con nuestros impuestos, sólo representa una pequeña parte de la deuda externa mundial que asfixia a los países empobrecidos. Pero resultaría conveniente que la ciudadanía del Estado español realmente pudiese decir la última palabra sobre si el cobro de la deuda es legítimo.