Los nuevos poderes concedidos a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para analizar la OPA del gigante alemán E.on sobre Endesa e, incluso, vetarla son compatibles con la normativa de la UE. Así lo defiende el Gobierno español en las explicaciones sobre esas reformas legales que envió ayer a Bruselas, una semana después de que venciera el plazo que le había concedido la Comisión Europea. En un escrito de 12 folios, el Ejecutivo subraya que el Tribunal de Justicia de la Unión ha declarado legales iniciativas similares adoptadas por otros socios comunitarios. Además, resalta que la liberalización existente en España es muy superior a la de otros países, en los que las empresas energéticas mantienen una apreciable presencia estatal en su accionariado. Por todo ello, considera legítimo adoptar medidas que protejan la garantía de suministro, la seguridad pública y la estabilidad financiera de las grandes compañías del sector.

El documento intenta paliar los serios recelos de Bruselas hacia el decreto-ley convalidado el jueves por el Congreso, al sospechar que atenta contra la libre circulación de capitales y la libertad de establecimiento, consagrados en el Tratado de la UE. El comisario Charlie McCreevy prepara un procedimiento de infracción contra esa normativa.

La respuesta del Gobierno fue revelada ayer por José Luis Rodríguez Zapatero tras el Consejo Europeo que ha debatido desde el jueves la política energética en la Unión. Ante los recelos de varios líderes comunitarios por las trabas impuestas a E.on, el mandatario español subrayó la «singularidad extraordinaria» de la energía. «Los capitales circulan libremente. No sucede lo mismo con la energía». España sólo obtiene del exterior el 2,7% de su aprovisionamiento eléctrico. Además, esta actividad es objeto de muy diversas regulaciones entre los distintos países de la UE, explicó. También son muy dispares las estructuras de propiedad de las empresas del sector. Sólo en España y Reino Unido están totalmente en manos privadas, enfatizó.

El texto remitido a McCreevy se asienta en esa tesis para justificar las nuevas competencias de la CNE. El Ejecutivo sostiene que los socios comunitarios pueden verse abocados a tomar medidas para evitar efectos indeseados en las operaciones de compra de compañías energéticas teniendo en cuenta que el proceso de privatización de esta industria «no ha sido homogéneo» en toda la Unión. Así, pasa revista a la presencia de los poderes públicos en la italiana Enel, la portuguesa EdP y en Electricité de France y en Gaz de France.

En síntesis, la argumentación del Gobierno sobre la legitimidad de las reformas legales aprobadas reposa sobre cuatro ideas principales:

-La autorización previa de la CNE en operaciones de concentración ya existía y simplemente se ha extendido su ámbito de aplicación a empresas extranjeras que quieran adquirir actividades reguladas en España.

-Las medidas no son discriminatorias, ya que se aplican a todas las compañías afectadas.

-Libertades básicas del Tratado de la UE, como la de movimiento de capitales, pueden ser objeto de restricciones nacionales, en función del interés general.

-El mecanismo de recursos previsto en la Ley de Hidrocarburos sigue vigente.

Cuestionado

Todo el entramado jurídico que el Ejecutivo ha levantado para justificar su actuación presenta debilidades considerables. El régimen de autorización previa, por ejemplo, fue seriamente cuestionado por la Comisión en julio de 2005, cuando declaró ilegales las 'acciones de oro' -capacidad de veto del Estado en la toma de decisiones estratégicas- en las empresas privatizadas españolas. Bruselas también cuestionó la autorización previa del Consejo de Ministros a las tomas de participaciones del 3% o superiores en empresas energéticas por parte de firmas con participación pública. Antes, en abril de 2002, ya se había pronunciado ya contra ese sistema vigente en Francia para las operaciones de compra de capital de Elf-Aquitaine, por no hablar del revolcón que propinó al Gobierno de José María Aznar por intentar aplicarlo a la comercialización de descodificadores para la televisión digital.

Además, como ha reiterado la Comisión, el interés general que invoquen las autoridades españolas para justificar las nuevas competencias de la CNE «tiene que ser compatible con el derecho comunitario». Y tiene serias dudas de ello, por lo que prepara un procedimiento de infracción contra España.