El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, no ha cambiado de opinión tras reflexionar -como anunció este pasado miércoles- sobre la nueva situación creada con el alto el fuego de ETA: la Fiscalía de la Audiencia Nacional pedirá el próximo día 29 al juez Fernando Grande-Marlaska el encarcelamiento del portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, por su participación en la huelga general celebrada el 9 de marzo en el País Vasco y Navarra, en protesta por la muerte de dos presos de la organización terrorista.

El máximo responsable del Ministerio Público mantuvo ayer una breve entrevista con el fiscal jefe en funciones de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, y le confirmó que, pese a la tregua, no hay cambio en las instrucciones que le dio con respecto a Otegi.

La reunión había causado cierta expectación después de que Cándido Conde-Pumpido declarase el miércoles, nada más conocer el anuncio de alto el fuego permanente de ETA, que el Ministerio Público debía hacer «una reflexión serena desde las perspectiva de las nuevas circunstancias».

Santos explicó al fiscal general la actitud que mantuvo la Fiscalía de la Audiencia Nacional durante la anterior tregua de la banda terrorista, la que abarcó de septiembre de 1998 a diciembre de 1999. El Ministerio Público fue favorable entonces a dulcificar la política penitenciaria y al acercamiento de presos de ETA a cárceles vascas que aprobó el Gobierno. Los fiscales, además, suavizaron un poco las peticiones de condena y de medidas provisionales para los terroristas encausados en el tribunal central.

Actos delictivos

Pese a la ambigüedad inicial, el fiscal decidió ayer mantener el criterio que ya adelantó hace dos semanas, nada más saber que el juez instructor había citado a Otegi a una 'vistilla' en su despacho, para determinar si el dirigente abertzale burló el 9 de marzo la suspensión de actividades de Batasuna al promover en su nombre y en el de ETA la huelga y los 108 «actos delictivos» registrados en diversas localidades del País Vasco y Navarra.

El criterio del fiscal general era y es que estos hechos, avalados por los informes policiales, suponen una reiteración delictiva del portavoz del partido ilegalizado, quien ya se encontraba en situación de libertad bajo fianza de 400.000 euros, lo que implica la necesidad de su ingreso en prisión preventiva, según fuentes de su departamento.

Grande-Marlaska, por los mismos hechos y con idéntico argumento jurídico de reiteración delictiva, ya ordenó la semana pasada el encarcelamiento de los otros dos presuntos inductores principales de la huelga de Batasuna, Juan José Petrikorena y Juan María Olano, que el 9 de marzo también se hallaban en libertad bajo fianza por causas de terrorismo.

La Fiscalía, sin embargo, no pidió el encarcelamiento de ninguno de los dos, pero ahora tendrá que fijar su postura cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional discuta los recursos de apelación interpuestos por las defensas contra los autos del juez.

La incertidumbre sobre si el dirigente de Batasuna va a entrar o no en prisión no se despejará hasta el próximo miércoles. Grande-Marlaska decidió ayer aplazar hasta ese día la comparecencia en la Audiencia Nacional del dirigente radical, prevista para hoy, para asegurarse de que la recuperación de Otegi, enfermo de neumonía desde el pasado 12 de marzo, será «plena» cuando acuda al juzgado.

El magistrado señala en un auto emitido ayer que todos los informes médicos recibidos esta semana, elaborados tras los análisis y radiografías que se le hicieron al imputado, verifican que el enfermo padece «una infección respiratoria» de la que «ha evolucionado favorablemente», ya no tiene fiebre y concluirá su tratamiento mañana.

Vigilancia

A la vista de estos informes, el juez considera que el estado físico de Otegi «será óptimo a partir del próximo fin de semana», por lo que no ve problemas para que el miércoles 29 de marzo comparezca en el juzgado, 16 días después de su primera citación, ya «plenamente recuperado».

No obstante, el juez ordena en el mismo auto a la Ertzaintza, una de cuyas patrullas controla la vivienda de Otegi las 24 horas, que «extreme las medidas de seguridad y vigilancia» hasta el día de la cita. El juez podía haber llamado a Otegi antes del miércoles, pero tenía su calendario del lunes y martes completos, según fuentes judiciales.

Ayer se reunió también la Junta de los fiscales de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Sus casi 30 miembros ratificaron la 'doctrina Parot' acuñada hace un mes por el alto tribunal y acordaron defender el nuevo sistema de cálculo de los beneficios penitenciarios -sobre la totalidad de las penas y no sobre el máximo de 30 años de cárcel- en los informes que presentarán a la sala contra los recursos de los presos terroristas.