El Gobierno defenderá los intereses energéticos del país en tanto no se fijen unas reglas comunes para el sector en la Unión Europea. Así lo sostuvo ayer el ministro de Industria, José Montilla, quien de esta forma dejó claro que el Ejecutivo no piensa ceder en el pulso que mantiene con Bruselas a raíz de la oferta de compra de Endesa lanzada por la alemana E.on, rival a la de Gas Natural. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, reconoció, no obstante, que la definición de seguridad e interés nacional es, en la legislación española, «excesivamente poco precisa».

Montilla quiso desterrar la imagen de proteccionismo que provoca en Bruselas la actitud del Gobierno respecto a la OPA. Subrayó en el Senado que los diferentes niveles de desarrollo de los mercados comunitarios desaconsejan impulsar la liberalización total del sector energético en la UE. De lo contrario, apuntó, la actividad se concentraría en unos pocos operadores, sin que ello supusiera una mejora de la competencia y la eficiencia del sector.

El responsable de Industria estimó que España saldría perjudicada de ese proceso, ya que las empresas nacionales están «privatizadas absolutamente». Y subrayó que se enfrentan a compañías que disfrutan de importantes ventajas comparativas derivadas de «posiciones dominantes y cuasi monopolísticas».

Discrepancias

Solbes, por su parte, trató de aclarar y quitar hierro a las diferencias entre el Gobierno y el Ejecutivo comunitario. La Comisión Europea -recordó- admite que la libertad de movimiento de capitales se vea restringida por motivos de interés general. Ahí es donde radica el problema porque, argumentó, la legislación española es excesivamente poco precisa en este punto. Bruselas adelantó el pasado martes su intención de expedientar a España por la reforma normativa que permitirá a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) evaluar, y en su caso vetar, la OPA de E.on.

Pese a ello, Montilla reiteró su apuesta por fijar unas reglas comunes sobre los procesos de concentración empresarial, para no perjudicar los objetivos estratégicos de «seguridad, sostenibilidad y competitividad» de los socios. A su entender, el sector no debe analizarse sólo desde la óptica del mercado y la competencia, pues cuenta con activos estratégicos como las centrales nucleares, los aprovisionamientos de gas, los recursos hídricos y las minas de carbón.

En este ambiente tan tenso por el debate sobre el 'nacionalismo económico' se inicia hoy el Consejo Europeo, en el que se debatirán las medidas adoptadas por España en contra de E.on así como la maniobra del Gobierno francés de impulsar la fusión de Suez y Gaz de France para cerrar el paso a la italiana Enel, que pretendía adquirir la eléctrica franco-belga.

Italia pretendía llevar a la cumbre una declaración en contra del «proteccionismo» en el sector energético, pero ha tenido que desistir de sus planes por falta de apoyos. Invitó a varios países, entre ellos Reino Unido y Holanda, a firmarla, sin ningún éxito.

Mientras Europa se prepara para desmontar las medidas del Gobierno español para frenar a E.on, la OPA de Gas Natural corre el riesgo de ser suspendida por una juez de Madrid. Para que esta amenaza se materialice es necesario que el consejo de Endesa, que se reunirá el martes, aporte un aval de 1.000 millones de euros, el más alto de la historia. El operador gasista, por su parte, tiene de plazo hasta el próximo miércoles -cinco días hábiles desde la notificación del auto- para interponer recurso de casación contra la resolución judicial ante la Audiencia Provincial de Madrid.