López Aguilar se explicaba así en una entrevista en Antena 3 y después de que ayer el Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, señalara que las "nuevas circunstancias" hacen que su intención de pedir prisión para el portavoz de la ilegalizada Batasuna, Arnaldo Otegi, "merezca una reflexión seria". "Las instituciones del Estado de Derecho continuarán haciendo su trabajo regidas por la ley y, hasta que la ley no diga otra cosa, ese es el carril", ha subrayado.

López Aguilar ha expuesto que el anuncio de los terroristas permite "mirar al futuro" y que la política debe "hacer su trabajo", pero que "es momento también para recordar que este es un Estado constitucional de Derecho, regido por la ley y que la ley merece confianza". "No hay manera de que la política pueda incidir en la actuación de los tribunales de justicia, que se rigen exclusivamente por la ley y actúan independientemente", ha insistido.

El ministro ha reconocido que puede darse una "interpretación más benévola" de las normas, pero ha aclarado que "si la hubiera, no será por indicación del ministro de Justicia ni expresa del Gobierno, sino porque de acuerdo con la ley sean las decisiones que adopten el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal, cada uno por su curso". "No hay interferencias políticas", ha repetido.

Sin ceder al chantaje

En cuanto al proceso que se abre tras el comunicado de ETA, el ministro ha expuesto que no pagar un precio político por el fin del terrorismo significa "no comprometer" un cambio "de las reglas del juego" para "aceptar reivindicaciones expresas de los terroristas impuestas a través de la violencia". Eso no se va a producir", ha recalcado.

"No quiere decir que la política no pueda hacer un trabajo para tomar esta oportunidad y hacerla buena de una vez por todas, irreversible y definitiva. La política puede obrar parte del trabajo para ganar la paz, lo que no quiere decir concesiones políticas al chantaje de la violencia", ha dicho.