Las preguntas son: ¿Quién debe gestionar el agua, su acceso, las políticas de saneamiento? ¿Los estados, las administraciones públicas o la iniciativa privada? ¿Qué papel corresponde a cada quién? La UNESCO tercia en el debate que recorre el IV Foro Mundial del Agua que se celebra en la capital mexicana y responde con claridad. «Se les dice a los países que su agua debe permanecer en manos del Estado; sólo si la población está de acuerdo se asignará su administración y gestión a manos privadas», resume Carlos Fernández-Jaúregui, coordinador adjunto al Programa Mundial de Evaluación de Recursos de la UNESCO.

Este organismo presenta mañana, Día Mundial del Agua, el segundo informe sobre 'Desarrollo Mundial'. Bajo el título 'Agua, una responsabilidad compartida', el documento, de periodicidad trienal, analiza la evolución de los recursos hídricos del planeta, el estado de las grandes cuencas hidrográficas, los impactos medioambientales por regiones derivados de la actividad humana, la superpoblación, los desastres naturales y las tendencias hacia un descenso de los volúmenes de agua potable a consecuencia del calentamiento global.

Y se detiene, sobre todo, en los aspectos derivados de su buen gobierno. Entre sus recomendaciones destaca que «la buena gobernanza es clave para contrarrestar las crecientes crisis del agua» y, de manera especial, para garantizar el derecho de todas las poblaciones a un agua de calidad. Es preciso -recuerda la UNESCO- «reconocer el derecho al agua potable como un derecho fundamental».

La agencia de Naciones Unidas entronca así con el punto más polémico de los debates del foro, el ejercicio de ese derecho en los distintos modelos de gestión del agua potable, de titularidad pública, privada o mixtos. El Movimiento por el Desarrollo Mundial (WDM) advirtió durante las sesiones que la privatización de los suministros de agua en los países en desarrollo han resultado casi todas un fracaso absoluto como medio para llevar el agua a la población.

En su informe 'Espejismo en el agua: el fracaso de las inversiones privadas en servicios de agua en países en desarrollo', este organismo no gubernamental recuerda que la idea de que «las empresas privadas hallarán el dinero para ofrecer servicios de agua y alcantarillado a los pobres del mundo es un sueño que ha dejado quince años de políticas equivocadas, llevando como consecuencia sufrimiento y privación». Y pone como ejemplos los casos del África Subsahariana y el sudeste asiático, donde la inversión privada en los últimos nueve años sólo logró acercar el agua potable a 900 personas al día, cuando los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas se marcan las 270.000 conexiones diarias.

Contra la privatización

En la misma línea, el cónclave alternativo que ONG, grupos medioambientales y antiglobalización han celebrado en paralelo al foro se ha convertido estos días en la capital mexicana en un grito contra la privatización y la mercantilización del agua, que deja fuera del acceso a este bien básico a los más pobres en los países en desarrollo.

Hoy y mañana, los ministros y representantes de 139 países participantes cerrarán los contenidos de la declaración final del encuentro -al que se le calculan más de 13.000 asistentes-. También aquí, la consideración del agua como un derecho fundamental será crucial. Bolivia amaga con no firmar si no se reconoce como tal de forma explícita y, por tanto, se 'blinda' a la privatización. La ministra de Medio Ambiente declaró ayer que el agua para uso cotidiano debe «tener esa consideración de derecho fundamental, ante el que retrocede cualquier interés económico o empresarial, de pago de tarifas o recuperación de costes. Los usos productivos -industria, agricultura...- tienen reglas diferentes».

Narbona dijo trabajar a favor de una declaración oficial «más ambiciosa» del texto básico planteado, pero, de no lograrse, habrá pronunciamientos adicionales suscritos por aquellos países «que queramos ir más allá».