La Comisión Europea estudia ya la apertura de un procedimiento de infracción contra España por las reformas legales que ha aprobado para torpedear la OPA lanzada por el gigante alemán E.on sobre Endesa. Básicamente, los nuevos poderes que ha concedido a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que pueda analizar la operación e, incluso, vetarla. Para adoptar una decisión al respecto, Bruselas no tiene por qué esperar a que Madrid le remita las explicaciones que le ha reclamado sobre el decreto-ley que recoge esos cambios normativos, advirtió ayer el portavoz del Mercado Interior, Oliver Drewes. La negativa del Ejecutivo español a facilitar tales datos hasta que el Congreso convalide esa regulación «agrava su situación», ya que no aporta elementos que pueden contribuir a su defensa, subrayó la misma fuente.

El Gobierno no se da por aludido ante las premuras de la Comisión, que le concedió de plazo hasta el pasado viernes para atender sus demandas. La Administración española transmitió ese mismo día un 'fax' a Bruselas en el que expresa su voluntad de ofrecer el material que solicita el comisario del Mercado Interior, Charlie McCreevy, «cuando sea posible según los procedimientos internos» nacionales. Es decir, después de que el decreto-ley reciba el visto bueno del Parlamento el próximo jueves. Hasta entonces, no tendrá efectos legales.

En esos términos se expresó ayer el secretario de Estado para la UE, Alberto Navarro. «Deseamos mantener un diálogo constructivo» con el Ejecutivo comunitario en esa materia, señaló.

No es imprescindible

El Ejecutivo es consciente de los serios recelos que han suscitado en la Comisión las reformas legales para reforzar las competencias de la CNE -un organismo en el que el PSOE y sus socios tienen mayoría- y permitirle revisar la OPA de E.on e, incluso, abortarla. Los servicios comunitarios estudian si la nueva normativa española vulnera la libre circulación de capitales y de personas entre los países de la Unión, en plena polémica sobre los 'blindajes' nacionales a las compañías energéticas y el resurgimiento de un nacionalismo económico en la UE. El Gobierno considera que la instrucción de un procedimiento de infracción en su contra «no es inevitable» y cree que todavía existe margen para el diálogo.

En Bruselas el clima está más destemplado. La Comisión, que no ha concretado en qué fecha emitirá su dictamen, aclaró ayer que las explicaciones que ha reclamado a Madrid no son imprescindibles para pronunciarse. «Para llegar a una conclusión no precisamos necesariamente la información del Gobierno español. Ya tenemos bastante sobre este asunto», declaró Drewes, para quien la falta de repuesta por parte de las autoridades españolas «agrava su situación» en la medida en que «no aporta nada para su defensa». «Tenemos que tomar decisiones y podemos dar más pasos con o sin las explicaciones» solicitadas al Ejecutivo, añadió el portavoz del Mercado Interior.

Cuando el Consejo de Ministros aprobó el decreto ley era consciente de que la operación sería cuestionada por Bruselas y que el asunto podría derivar en un procedimiento de infracción. En tales circunstancias, no parece lógico suponer que el Gobierno tenga interés en quemar etapas: dejará a la Comisión actuar como considere que deba hacerlo, pero sin ponerse en el disparadero antes de tiempo. Abundando en esta tesis, Navarro recordaba ayer que, a fin de cuentas, la cuestión se encuentra aún la fase de la cooperación voluntaria con la UE.

El Ejecutivo sigue confiando en que el debate sobre la energía, previsto para la cumbre comunitaria que se celebrará esta semana, le permitirá clarificar su posición. El secretario de Estado reiteró ayer la apuesta por una política energética común, pero Europa dista mucho de reunir las condiciones requeridas por una formulación de esas características. El Gobierno parece considerar que una declaración del Consejo Europeo en la que se reconozca que no existen las condiciones propias para ello reforzaría sus posiciones. Pero si no convence de que el interés general justifica las trabas impuestas a E.on, le va a ser muy difícil hacer valer sus puntos de vista ante Bruselas y ante el Tribunal Europeo de Justicia.