La Comisión Constitucional concluirá hoy oficialmente la redacción del proyecto de reforma del Estatuto catalán. El único fleco pendiente, la cesión de puertos y aeropuertos, se solventará al margen del texto estatutario, mediante dos leyes orgánicas. Si todos los plazos se cumplen, antes de que acabe el actual curso político se podría cerrar el proceso de aprobación con la celebración del referéndum en Cataluña. Y aunque el Gobierno catalán afronta dividido la recta final del proyecto que dio sentido al pacto del Tinell -ERC votará en contra en el Congreso- y amagando una posible ruptura, el nuevo Estatut cuenta con un apoyo solvente en Cataluña, el de los dos principales partidos en la comunidad. La 'debilidad' del documento está fuera, en el conjunto de España, ante la falta de acuerdo entre PSOE y PP. Un consenso que debería ser indispensable cuando se abordan reformas que, como la catalana, afectan a la estructura del Estado, y que todavía es posible si existe voluntad de futuro: el nuevo sistema de financiación habrá de ser pactado multilateralmente por todas las comunidades autónomas y el 'modelo catalán' abre un margen de descentralización política y funcional que sin duda interesará a las demás autonomías, incluidas las gobernadas por el PP.

El Partido Popular, que ha visto cómo el Tribunal Constitucional no admitía a trámite su recurso de amparo sobre la forma de tramitación del proyecto estatutario, piensa exhibir en el Congreso los tres millones de firmas en demanda de un imposible referéndum y anuncia la presentación de un recurso de inconstitucionalidad en cuanto el Estatuto adquiera firmeza. Sería deseable que esta ley trascendental consiguiera finalmente el aval otorgado por el Alto Tribunal, pero ya puede anticiparse que, al contrario de lo que sucedía con el texto emanado del Parlament, el que van a aprobar las Cortes se ha elaborado con la pretensión estricta de la constitucionalidad. Se aproxima la conclusión de un proceso estatutario que, si bien ha sido gestado fuera de los parámetros de consenso de los anteriores, abre la revisión del modelo autonómico en toda España sobre las pautas ya trazadas en Cataluña y en Valencia. Sería deseable que poco a poco fueran convergiendo las dos grandes fuerzas en este designio a cuyo término ha de lograrse una formulación del Estado constitucional apta para conducirnos a un horizonte de normalidad.