Cualquier momento es bueno para reflexionar sobre la Universidad, pero, quizá, el que vivimos en estos días presente una especial singularidad debido a que supone un punto, aunque seguido, en el año académico. Me refiero a la finalización del primer cuatrimestre y comienzo hace unas semanas del segundo. Sin embargo, nuestra Universidad y fundamentalmente me refiero a la pública ya que la otra, a la postre, no viene a ser sino una empresa privada, lo que, en otros términos, puede entenderse como mayor sometimiento a las leyes del mercado (óptica desde la que cobra sentido el declive y hasta cierre de determinadas facultades en estos ámbitos privados de enseñanza); la pública, decía, arrastra ciertas deficiencias que la han hecho encallar en las procelosas aguas de la modernidad globalizada ultracambiante que caracteriza nuestra actualidad; de ahí que reflexionar sobre la Universidad no sea algo diferente a hacerlo sobre nuestro presente y futuro, lo cual, siquiera sea por lo inusual, es una sana empresa.

La Universidad pública es deudora de un pasado cercano en el que se debatieron sus llamados planes de estudios (aunque no en todas las titulaciones), es decir, los contenidos de las diversas disciplinas que integran el currículo universitario. Esta idea de adaptabilidad de contenidos a los nuevos tiempos ha necesitado en algunas disciplinas incluso varios momentos (plan nuevo y plan nuevo reformado). Aún con todo, el proceso parece no haber concluido, constatándose voces que propugnan la vuelta a esos planes antiguos iniciales, lo que nos habla de la 'excelencia' de tales cambios habidos en la década de los noventa. Esta situación ha originado una inevitable confusión, malestar y disfunción de servicios administrativos, alumnado y docentes (posiblemente, además, por ese orden) que se ha traducido en una mala, y difícil de borrar, prensa.

Y lo peor es que este lastre frena los 'esfuerzos' por ser realmente una entidad -como coinciden todos sus estatutos reguladores- al servicio de la sociedad. ¿Sale el alumnado preparado no sólo para responder a las demandas sociales, sino para enriquecer y ayudar a conformar con sus aportaciones la sociedad? Y lo que no es menos grave, ¿entran motivados y preparados para asumir las bases del reto anterior? Tras unos cuantos años de experiencia universitaria, permítanme coincidir con Richard Whately cuando sostenía que enseñar a quien no tiene curiosidad por aprender es sembrar un campo sin ararlo. Y bastante de ello (afortunadamente, no todo) hay en nuestras, por otro lado, decrépitas aulas, sobre todo desde el momento en que el estudio universitario ha pasado en gran medida a convertirse en la prolongación necesaria de las enseñanzas medias. Una vuelta por los diversos campus evitará mucha retórica.

Y este escenario se me antoja directamente tributario de una también ausencia de reflexión en torno al marco educativo general. No otra cosa nos muestra la sucesión de normas reguladoras del sistema educativo previo al universitario, pero de cuyos resultados éste indefectiblemente se nutre. Desde la ley general de educación de 1970 hasta el proyecto de ley orgánica de educación del 26 de agosto del año pasado, en debate parlamentario, hemos conocido algo así como cinco normas dedicadas a tal materia: LODE, LOGSE, LOPEG, LOCFP, LOCE, como se ve, casi se agota el alfabeto en la elaboración de los acrónimos. Pero ¿en algún momento nos hemos parado a pensar si se ha mejorado el nivel formativo del alumnado y si las modificaciones tienden con cierto marchamo de objetividad a tal fin? A la luz de los informes comparativos que llegan de Europa, la respuesta es rotundamente negativa. Y esta (de)formación con el tiempo llega a la enseñanza superior, en la que se entremezcla con otras deficiencias y limitaciones, generando un panorama que sólo incautamente se puede calificar de válido.

La Universidad, intocada desde hace décadas, presenta, como he avanzado, deficiencias organizativas, estructurales, económicas... en una actualidad presidida por el favorecimiento de su ingreso a la mayor parte de las capas de la sociedad. Esta apertura quizá sea el mayor logro de la institución y un laudatorio ejercicio de justicia social. Ahora bien, esta apertura se ha visto temporalmente enmarcada bajo dos condiciones que por sinergia han producido una situación de enquistamiento que la ha mutilado en su función de ser un escenario de creación, desarrollo, transmisión y crítica de ciencia, técnica y cultura. Me refiero a su no adaptación estructural y académica a esa mayor generalización de usuarios y a la distancia entre la formación que se dispensa y las necesidades de la sociedad actual. Por lo que hace a la remodelación estructural de la esfera académica, ésta se encuentra actualmente en debate e implementación; es el llamado proceso de Bolonia, cuya última etapa (hasta el momento) ha sido la reunión de ministros europeos del área a mediados de 2005 en la ciudad noruega de Bergen. Una reforma necesaria, pero con grandes lagunas, acrecentadas en nuestro país por no discurrir en paralelo a una reordenación común de contenidos en ese llamado Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES), lo que se viene conociendo como la dimensión europea de la enseñanza superior (Praga, 2001).

Respecto a la achacada distancia entre formación/demandas del mercado de trabajo, la reforma de los planes de estudios, muchos de ellos datables hace más de medio siglo, ha seguido criterios, en el mejor de los casos, equivocados, cuando no se han orientado a la sola pervivencia de un estatus quo obediente a ciertas correlaciones de fuerzas detentadoras de invisibles esferas de poder. Para semejante viaje, en nada hacían falta tantas alforjas. Dichas reformas en muchas ocasiones no han pasado de ser un mero maquillaje de la situación precedente o, en el peor de los casos, un olvido de su consideración como instrumentos coadyuvantes al bien público en que consiste la enseñanza superior (Praga, 2001).

De ahí que cuando en la Conferencia de ministros competentes en educación superior celebrada en Berlín en 2003 (dentro del proceso de Bolonia) se relacione 'economía más dinámica y competitiva' con educación superior, se esté encorsetando dicho bien público bajo una ideología dominante que instrumentaliza el saber al rendimiento económico de sus resultados. Bajo estos parámetros, la función social de creación, desarrollo, transmisión y crítica de ciencia, técnica y cultura se ve limitada a la competitividad de sus productos, con lo que a la postre el sistema público universitario viene a coincidir con el marco de actuación del sistema privado de enseñanza, atento a las leyes del mercado si pretende sobrevivir dentro del imparable modelo social capitalista. De ahí a la destrucción de la 'Universitas' como concepto no nos separa sino una exigua distancia.