El Gobierno vasco y el grupo parlamentario socialista están decididos a repetir con el proyecto de Ley de Aguas el escenario de entendimiento que les ha permitido sacar adelante los presupuestos de la comunidad y ha dejado encarrilada la Ley del Suelo. El PSE-EE anunció ayer que ha llegado a acuerdo con el tripartito (PNV, EA y Ezker Batua) para aprobar la futura normativa sobre aguas a cambio de introducir varias modificaciones durante su tramitación en la Cámara de Vitoria; entre ellas, que el nuevo canon de seis céntimos de euro por metro cúbico (diez pesetas por cada mil litros) no se cobre a los hogares que consuman menos de 130 litros por persona y día. El gasto más elevado de Euskadi se registra en Bilbao, que tiene un 'ratio' de 150 litros por habitante.

Los socialistas hicieron público el pacto un día antes del debate sobre las enmiendas a la totalidad, que se celebra hoy en la comisión de Ordenación Territorial. La parlamentaria Natalia Rojo explicó que su partido ha decidido retirar la enmienda que tenía preparada porque «las diferencias que habíamos planteado han sido subsanadas». De entre todas las discrepancias, la representante del PSE concedió ayer mucha importancia a las que se referían a la forma jurídica de la Agencia Vasca del Agua, un órgano de nueva creación que centralizará varias competencias de las diputaciones y que el tripartito quería que fuera una sociedad anónima.

Vigilancia parlamentaria

Según Natalia Rojo, la agencia se constituirá al final como un organismo autónomo de Derecho Privado, lo que significa, en resumidas cuentas, que «el Parlamento vasco estará presente en su consejo de administración». Sin embargo, EHAK insistió en que, a su modo de ver, la futura ley «privatiza» el agua.

Ciertamente, el nuevo organismo controlará uno de los recursos estratégicos para el desarrollo urbanístico, económico y medioambiental de Euskadi. Y también decidirá en qué obras hidráulicas y ecológicas se gastarán los 14 millones de euros que el nuevo canon reportará cada año a la Administración -la estimación inicial-, una vez que empiece a gravar la factura de las familias, la industria, los ayuntamientos y los baserritaras.

Para hacerse una idea del poder que va a acumular la agencia, basta recordar que el consumo urbano aumentó un 39% en Euskadi sólo entre 1996 y 2001, impulsado por la industria y, a continuación, por los hogares.

Pero otro de los principales objetivos de la Ley de Aguas es que el precio de este recurso sea el mismo en todo el País Vasco, un objetivo que no se cumple. Ahora bien, las facturas se irán igualando de forma desigual y 'hacia arriba'. El canon representará un aumento lineal para todo el mundo, con el doble propósito de incentivar la cultura del ahorro y recaudar dinero. Sin embargo, el recibo subirá todavía más en las localidades que no imponen recargos para financiar las obras hidráulicas y que deberán hacerlo por ley. En esa situación se encuentran, por ejemplo, los pueblos de la comarca vizcaína de Urdaibai.

En cambio, la subida se notará menos en los municipios que ya aplican recargos para obras de saneamiento, como ocurre en las tres capitales vascas y su entorno, donde reside el 80% de la población vasca. De hecho, lo que hace la Ley de Aguas es consagrar esos recargos, que se solían aprobarse para periodos concretos. Cuando el 100% de los ciudadanos vascos estén equiparados, todos pagarán dos servicios básicos: lo que cuesta llevarles el suministro y lo que cuesta devolver el agua al medio natural en condiciones de calidad.

El canon aparecerá en el recibo como algo aparte de las tasas por ambos servicios. Los que han redactado el proyecto de ley le han puesto el adjetivo de 'ecológico', pero la cantidad de 0,06 euros corresponde exactamente a lo que, durante la discusión de los borradores, el Gobierno vasco se había propuesto cobrar para pagar obras hidráulicas sin más.