El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder judicial (CGPJ), Francisco José Hernando, ha remitido hoy un escrito al presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, en el que le anuncia "la imposibilidad institucional" de asistir a la comparecencia prevista para mañana ante la Comisión de Justicia, al considerar que detrás de la misma hay una "finalidad de control político".

Este es el segundo plante de Hernando al Congreso, ya que el pasado 7 de marzo tampoco acudió a la Comisión de Justicia para la que estaba citado y apeló a la independencia del Poder Judicial para negarse a informar sobre la aplicación de la ley en el cumplimiento de penas por delitos de terrorismo.

El grupo parlamentario socialista y el de Ezquerra Republicana (ERC) pidieron la comparecencia de Hernando, prevista para las 9.30 horas de mañana, para que explicara sus declaraciones en los medios de comunicación contra el proyecto de Ley de Estatuto de Autonomía de Cataluña, entre ellas unas en las que comparó el catalán con aprender el baile de las sevillanas.

A petición del grupo de IV-IU-ICV se le pedía que informara "sobre su gestión al frente de las instituciones que preside y la alarma social que genera el pulso institucional que sostiene con el Poder Legislativo y las instituciones autonómicas".

Al margen del debate político

En el escrito -de 7 páginas- Hernando señala que la práctica ha demostrado que las comparecencias del presidente del CGPJ "son entendidas por los representantes de los partidos como atributivas de puras competencias de control".

Hernando explica que "no existe cauce alguno en el ordenamiento jurídico español que permita exigir comparecencias del presidente del TS y del CGPJ ante el Congreso fuera de la periódica presentación de la Memoria Anual prevista en el artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Judicial".

Eso es debido precisamente -indica- "porque el Constituyente ha querido que el Poder Judicial, en su faceta estrictamente jurisdiccional, permaneciera al margen del debate político como garantía de la sujeción 'única' al imperio de la Ley por jueces y magistrados que el artículo 117 de la Constitución establece y garantiza".

En este sentido recuerda que "toda independencia efectiva resulta inconciliable con la presencia de sistemas externos de control, y por tanto que el autogobierno de la Justicia tampoco permite, para ser autogobierno efectivo, una fiscalización política de su actuación".