El tira y afloja entre el Gobierno y los tribunales estadounidenses desembocó el viernes en la entrega a la agencia de noticias Associated Press de 5.000 páginas de transcripciones de audiencias militares que se siguen contra los presos de Guantánamo. Por primera vez estaban limpias de borrones, lo que ha permitido identificar a muchos de los retenidos con nombre y apellido.

Esos documentos ya habían sido obtenidos por la agencia norteamericana el año pasado gracias a la Ley de Libre Información, pero la Casa Blanca los censuró para «proteger la intimidad de los presos y su propia seguridad». Un año después, el juez federal Jed Rakoff no ha aceptado la excusa. «Dado que la polémica prisión de la base naval en Cuba es el centro de interés de organismos internacionales e instituciones estadounidenses, la publicación de esa información servirá al interés público», dictaminó la semana pasada.

Para asociaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch se trata de un paso de gigante en la lenta batalla que sostienen con el Pentágono para sacar a Guantánamo del secretismo y oscurantismo que, más que una laguna legal, han convertido a la prisión en un agujero negro.

Sin amparo legal

Los detenidos no están amparados por la legislación internacional ni la de ningún país. Sus familiares no conocen su paradero, ni se les permite contacto con abogados o incluso miembros de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La mayoría fueron capturados durante los primeros bombardeos a Afganistán, en los meses que siguieron al 11-S de 2001. Muchos ni siquiera sabían que el World Trade Center había sido destruido en un atentado terrorista. Empezaron a llegar a la isla caribeña en enero de 2002.

Se calcula que por Guantánamo han pasado 1.200 presos, pero la presión internacional de los países que tenían ciudadanos entre ellos y la de la Justicia estadounidense ha obligado a liberar a más de la mitad. Hoy quedan en torno a los 500, de los que AP estima que ha obtenido transcripciones de 317 audiencias, aunque muchos son identificados sólo como 'el detenido'.

Jueces malhumorados

Zahir Shan, un afgano al que se dice habérsele encontrado lanzagranadas a propulsión, lo niega rotundamente. «¿Qué íbamos a hacer con eso? Nos dedicamos a cultivar trigo, maíz, verduras y melones. Tenemos rifles para cazar y protegernos, ¿pero RPG? (nombre de los lanzagranadas)», dijo a los tres magistrados militares.

Uno de estos jueces, identificado sólo como un coronel de las Fuerzas Armadas, arremete malhumorado contra uno de los detenidos que acusa a sus guardianes de humillarle manteniendo relaciones sexuales frente a él y de forzarle a comer cerdo. Tras exigir que se le muestren las pruebas contra él, el juez explota: «Señor Abbasi, su conducta es inaceptable y ésta es la última advertencia que le hago. No me importa la legalidad internacional. No quiero volver a oír esas palabras».

Ésa es también la posición de la Administración de George W. Bush, que el mes pasado desestimó el informe independiente de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que pide su cierre inmediato. El portavoz de la Casa Blanca Scott McClellan aseguró que nada cambiará en Guantánamo. De hecho, el Pentágono ha invertido cientos de millones para mejorar las instalaciones.

Si bien la presión crece, los analistas creen que Bush no cederá un centímetro en este tema, convertido ya en pilar de su política. La única esperanza de los presos está en el Tribunal Supremo y en las elecciones presidenciales de 2008, a las que no puede presentarse.