Las asociaciones de víctimas del terrorismo serán las primeras en conocer las líneas maestras de la nueva ley de solidaridad. El Alto Comisionado para las Víctimas, Gregorio Peces-Barba, tiene previsto reunirse con los colectivos de afectados antes de entregar el 15 de abril el borrador al presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

El Gobierno quiere conocer la opinión de los damnificados sobre el texto en el que desde hace medio año trabaja un grupo de diez juristas y profesores. Moncloa no cree necesario consensuar la reforma con todas las organizaciones y da por sentado que la mayoritaria AVT no hará aportaciones. El pasado año esta asociación rechazó presentar sugerencias a la reforma, algo que sí hicieron otros colectivos, que formularon 40 propuestas.

Un día después de que el jefe del Ejecutivo se comprometiera en el Congreso a intentar pactar con el PP la nueva ley de solidaridad con las víctimas, fuentes del Gobierno informaron de que cualquier intento de acuerdo con el principal partido de la oposición se hará en sede parlamentaria y no antes. Rodríguez Zapatero quiere que el proyecto de ley entre en el Parlamento antes del 30 de junio, final del actual período de sesiones.

El portavoz del grupo popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, aseguró que su formación está dispuesta a cerrar un pacto con el Gobierno. «Estaremos de acuerdo con todo lo que sea mejorar y beneficiar a las víctimas del terrorismo», señaló Zaplana, quien calificó de «juegos florales» la oferta de Rodríguez Zapatero. A su juicio, el ofrecimiento del PSOE es una estrategia «para poder escapar de situaciones complicadas».

«La mejor ley de defensa de las víctimas es la Ley de Partidos, el Pacto Antiterrorista y la unión de todos los demócratas en la lucha contra el terrorismo para acabar con ETA. Eso es lo que más anhelan las víctimas y es el mayor favor que se les puede hacer», explicó.

Igualar indemnizaciones

Los expertos del Alto Comisionado han intensificado en los últimos días los trabajos para tener listo el borrador de la nueva ley para mediados de abril. Varios puntos han sido ya cerrados. El nuevo texto terminará con las desigualdades económicas en las indemnizaciones, que cambian según si hay sentencia o no sobre el atentado y si el autor es conocido o no.

Además, la reforma crea la 'ventanilla única' para acabar con el papeleo innecesario y la excesiva burocratización para conseguir la declaración de víctima o acceder a las ayudas. En esa línea, una 'evaluación médica única' será el examen válido, reconocido por todas las administraciones.

La futura ley no tendrá límite temporal por lo que las víctimas podrán acogerse a sus beneficios en cualquier momento. Los españoles que sufran atentados en el extranjero también serán reconocidos como víctimas. El comisionado Gregorio Peces-Barba ha hecho hincapié en que la futura normativa no sólo debe recoger ayudas económicas, sino también regular la atención psicológica, jurídica, social, laboral y de vivienda.

Los técnicos todavía no han decido si figurarán en la ley dos aspectos polémicos: reconocer como víctimas a las personas amenazadas, acosadas o agredidas por el entorno terrorista y considerar como damnificados a los heridos y asesinados españoles en conflictos armados, crímenes de guerra o acciones de sedición.