La trifulca entre el Gobierno de Rodríguez Zapatero y el primer partido de la oposición en materia antiterrorista ha llegado a una situación insostenible. A un nivel de tensión y de descalificación mutua que, lejos de contribuir a un pronto final del terrorismo, favorece la recuperación de ETA. La estrategia terrorista persigue dividir a las fuerzas democráticas y generar contradicciones entre las instituciones del Estado. Ése es el clima propicio para el arraigo de la trama de coacción y extorsión que trata de mantener viva ETA. Resulta evidente que ha sido la hipótesis de un pronto cese de las actividades terroristas la que ha desbordado el ánimo partidista y la inquina que se profesan quienes el 8 de diciembre de 2000 suscribieron el Pacto antiterrorista. Una vez más se demuestra que cuando la violencia terrorista baja de intensidad-y son ya más de mil los días transcurridos sin atentados mortales- los partidos que con mayor responsabilidad deberían afrontar el problema se desentienden del clamor ciudadano y de la demanda de la mayoría de las víctimas exigiendo una respuesta unitaria frente a la vigente amenaza y a los últimos ataques terroristas.

La desmesura de las imputaciones que los dirigentes del PP han formulado contra el presidente Rodríguez Zapatero ha sido, a la vez, causa y efecto de la indiferencia con la que éste ha ido replicando a las críticas populares y del empeño con el que los socialistas tratan de abrir camino en solitario a un proceso de paz que merecerá tal denominación sólo cuando ETA anuncie de forma inequívoca su propósito de abandonar definitivamente las armas. Todo apunta a que el presidente y su partido han pospuesto para ese momento cualquier intento de aproximación hacia el partido de Rajoy. Lo que representaría una actitud temeraria, especialmente teniendo en cuenta que ETA sigue contando con una más que apreciable capacidad para cometer atentados. Tal propósito entrañaría el riesgo de que, mientras tanto, las relaciones entre ambas formaciones empeoren aún más. Sobre todo porque contribuiría a dejar en manos de ETA mucho más que la decisión de su autodisolución. Seguiría dejando en sus manos la palanca que emplean para intentar la quiebra del sentido de Estado y del pacto que ha de guiar el comportamiento de las dos grandes formaciones llamadas a sucederse en el Gobierno de España.

Ningún gobierno puede afrontar sin el concurso del primer partido de la oposición una tarea tan ardua como la lucha contra el terrorismo. Como tampoco puede ningún gobierno explorar las posibilidades de un hipotético final dialogado con quienes abandonen las armas manteniendo a la oposición a raya. El Ejecutivo socialista no está legitimado para exigir a la oposición que silencie todas sus críticas, pero sí que las modere hasta convertirlas en reservas y las someta al valor superior de la unidad contra el terrorismo. Aunque para ello el presidente Rodríguez Zapatero debería mostrarse más cauto en público y más explícito en la comunicación que ha de restablecer con Mariano Rajoy.