El arzobispo de Toledo, Antonio Cañizares, recién nombrado cardenal, calificó ayer de «enormemente amenazadora para el futuro de nuestra sociedad» la asignatura de Educación para la Ciudadanía que establece el proyecto de la Ley Orgánica de Educación (LOE), ya que «le va a decir al ciudadano qué es lo recto y qué es lo que debe hacer prescindiendo en el fondo de las condiciones morales y religiosas». Cañizares consideró que esta materia alternativa a la Religión sitúa al Estado como «el educador moral de los ciudadanos», entendiendo la educación como algo «simplemente para funcionar dentro de la sociedad», dejando «la realidad de la persona muy deteriorada».

Para el nuevo cardenal, asistimos «a una quiebra moral donde no hay nada bueno ni malo, donde no hay ni verdadero ni falso», lo que viene a suponer «en el fondo, una quiebra del mismo hombre. Intentar en este contexto «impulsar todavía más el laicismo en un relativismo moral conduce al suicidio», advirtió Cañizares. «Por eso yo también apelo a esas raíces históricas, a esos grandes fundamentos que será difícil erradicar de la sociedad. Es la tarea que le corresponde a la Iglesia y a todas las personas y grupos sociales de buena voluntad para que España no llegue a eso».

Gravísimas discrepancias

La discrepancia de la Conferencia Episcopal española con el Gobierno socialista fue de nuevo escenificada ayer por su portavoz, Juan Antonio Martínez Camino, quien argumentó que las relaciones con el Ejecutivo son «correctas» en el plano formal, aunque persisten «gravísimas discrepancias». Entre ellas destacó la reforma de la Ley de Reproducción Asistida, que se caracteriza, dijo, por su «radicalismo y extremismo», no tiene parangón con normas de otros países y «abre las puertas a la clonación humana».

Al término de la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, Martínez Camino se quejó de que la protesta de los prelados contra la futura ley ha sido «silenciada», circunstancia que a su entender «no es casual». Para los prelados, el proyecto «no protege la vida» y «contradice la ética más fundamental».

Con su llamamiento a los parlamentarios católicos para que votaran en contra de la iniciativa, dijo, la jerarquía eclesiástica no pretende «teledirigir» el voto, sino que las decisiones que pertenecen al ámbito de la conciencia se conduzcan «de manera correcta». Y es que la cuestión reviste una «gravedad moral que no admite parangón en el derecho comparado».

Sobre la exigencia de la UE de que se elimine la exención del IVA de que goza la Iglesia en algunas actividades, Martínez Camino señaló que si el Gobierno accede a tal petición deben celebrarse «conversaciones previas» con la jerarquía eclesiástica. El representante de la Conferencia Episcopal afirmó que aún no hay fecha prevista para revisar el sistema de financiación de la Iglesia, cuya prórroga expiró el pasado 1 de enero.