La plantilla de la factoría de Springs-España que la multinacional norteamericana Leggett & Platt (L&P) posee en Zamudio afronta el traslado a sus nuevos puestos en Zaragoza y Jaén con el temor de no tener trabajo en esos destinos. A ellos deberá trasladarse el próximo miércoles, día en el que la compañía cerrará la fábrica para trasladar la actividad y el empleo.

La incertidumbre del personal de L&P en la localidad vizcaína tiene su origen en los contactos mantenidos entre los comités de empresa de esa planta y la zaragozana, donde, si no hay cambios de última hora, deberán incorporarse 33 operarios. Otros 11 irán a Jaén. Según fuentes sindicales, los representantes de los trabajadores de la capital aragonesa explicaron que hoy en día no hay suficiente carga laboral para la actual plantilla -compuesta por aproximadamente 60 personas-, con lo que la situación podría ser «muy preocupante» cuando lleguen los nuevos empleados. A ello se une que, según los citados medios, tampoco existe espacio físico para acoger a todos.

Sea como fuere, la empresa ya ha concretado las condiciones del traslado, al menos en lo concerniente a vivienda y educación para los hijos. Respecto al primer capítulo ofrece 200 euros brutos mensuales durante los dos primeros años por piso y familia. En el supuesto de que varios empleados compartan piso, sólo pagará 200 euros. Además, abonará 150 euros brutos mensuales para los hijos escolarizados o matriculados en una guardería en los nuevos destinos.

Ese planteamiento contrasta con la afirmación de una juez de lo Social en una sentencia que la que daba la razón a la empresa y en la que afirmaba que L&P se comprometía a «garantizar el empleo de todos los trabajadores afectados, nuevas viviendas y colegios para su hijos, que es mucho más de lo que gran cantidad de familias de Euskadi puede llegar a soñar».

Virtisú

Mientras, el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, visitó el martes a los doce trabajadores de la empresa papelera Virtisú de Zalla que se encuentra en huelga de hambre en protesta por la intención de la compañía de trasladar parte de la producción a Barcelona. El responsable foral se comprometió a reunir a todas las partes implicadas en el conflicto en una mesa para analizar la situación