El presidente del Gobierno se mostró ayer abierto a aceptar iniciativas que permitan mejorar la seguridad jurídicas de las normas forales en materia de fiscalidad, tal y como demandan las instituciones y los partidos vascos. , José Luis Rodríguez Zapatero transmitió este mensaje en el transcurso de una comparecencia en el Senado en respuesta a una pregunta planteada por el representante del PNV Joseba Zubia.

El senador recordó al jefe del Ejecutivo la escalada judicial que se ha vivido en el último año, desde que el Tribunal Supremo declarara ilegal el Impuesto de Sociedades que se aplicaba en el País Vasco, al tiempo que reclamó modificaciones legales para que las normas forales sólo puedan ser enjuiciadas por el Tribunal Constitucional y no por la Justicia ordinaria.

No está en peligro

Zapatero negó, sin embargo, que el Concierto Económico esté en peligro y que sea necesario adoptar medidas especiales para protegerlo. «Se trata -señaló- de una institución constitucional que tiene un gran calado político por lo que representa para el País Vasco». También negó que el Concierto haya sufrido «agresiones» por parte del Estado y rechazó también que exista el riesgo de que sea vaciado de contenido.

Fuentes del PNV señalaron ayer a este periódico que la voluntad del presidente del Gobierno de aceptar modificaciones jurídicas para blindar las normas forales podrá constatarse en breve plazo. Así, recordaron que el grupo nacionalista en el Congreso ya ha presentado enmiendas al proyecto de ley de modificación del Tribunal Constitucional para permitir que sea este órgano quien tenga en exclusiva la capacidad de juzgar las normas fiscales aprobadas por las Juntas Generales. Estas enmiendas se discutirán en las próximas semanas.

El objetivo último de esta medida es reducir al máximo el número de personas o instituciones que pueden presentar recursos contra las normas fiscales, ya que el acceso al Constitucional está limitado al presidente del Gobierno, al Defensor del Pueblo, a un colectivo de 50 diputados o senadores y a los parlamentos autonómicos.