La esperada ejecución de Michael Morales -un hispano de California condenado por el brutal asesinato, robo y violación de una joven de 17 años perpetrado hace un cuarto de siglo- se ha visto retrasada un día porque dos médicos anestesistas se han negado a participar para cumplir la orden judicial obtenida por los abogados del reo, en un intento de reducir al mínimo el sufrimiento físico de su cliente durante el previsto ajusticiamiento en la prisión de San Quintín.

Los dos especialistas, cuya identidad no ha sido revelada, han argumentado que prestar sus conocimientos para participar activamente en una ejecución constituye una violación de sus responsabilidades éticas, en clara contradi- cción con sus obligaciones bajo el juramento hipocrático. Posición deontológica respaldada por la Asociación Médica Americana, la Sociedad América de Anestesiólogos y la Asociación Médica de California.

El juez federal Jeremy Fogel, persuadido de que la triple inyección letal puede violar la octava enmienda constitucional que explícitamente prohíbe «castigos crueles e inusuales», había dado al estado de California la opción de emplear los servicios de dos anestesistas para asegurarse que el preso estuviera completamente inconsciente durante su ejecución.

Ante este comentado boicot médico, los responsables de San Quintín han decidido proceder con la ejecución, pero con una técnica diferente que garantice las instrucciones emitidas por el juez Fogel: administrar una sobredosis fatal de cinco gramos de sodio pentothal al reo en lugar del triple procedimiento habitual que consiste en empezar con una dosis menor de ese barbitúrico. Para después, utilizar el paralizante bromuro de pancuronio que colapsa el diafragma y los pulmones. Y finalmente, cloruro de potasio para detener el corazón. Como consecuencia de estos cambios, la ejecución de Morales se alargará a 45 minutos en lugar de los 11 minutos habituales.

De no ser ajusticiado antes de la medianoche de ayer, madrugada de España, las autoridades de California tendrán que solicitar una nueva orden al juez estatal que originalmente sentenció a Michael Morales en 1983 a la máxima pena. El gran problema es que ese magistrado, Charles R. McGrath, se ha unido a las solicitudes de clemencia rechazadas este mes por el gobernador republicano Arnold Schwarzenegger para Morales, la quinta negativa en sus dos años de mandato.

Quejas familiares

El juez McGrath cree ahora en la falsedad de una parte de los testimonios utilizados contra Morales, problemas sumariales que han atraído también el respaldo de juristas como Kenneth Starr, el ex fiscal independiente encargado de investigar múltiples escándalos de la Administración Clinton.

La familia de la víctima mortal en este caso, Terri Winchell, se ha quejado amargamente de todas estas maniobras legales que considera un martirio adicional a su pérdida. La madre, Bárbara, ha indicado que «todas estas noticias y la notoriedad sólo me hacen sentir que el asesinato de mi hija ha ocurrido ayer mismo». Otros familiares han recalcado que el sufrimiento de Terri durante su brutal asalto justifica de sobra que su asesino fuese ajusticiado «en la horca o la silla eléctrica».

De no producirse alguna adicional intervención judicial, la ejecución de Michael Morales -de 46 años y que ha admitido su crimen bajo la influencia del alcohol y las drogas- será la número catorce completada en California desde que por votación popular se reinstaurara la pena de muerte en 1978. Además de convertirse en el primer hispano ejecutado en la era moderna de la pena de muerte californiana. En estos momentos, el método de inyección letal es utilizado por 36 de los 38 estados de la Unión con este tipo de penas irreversibles, además de la jurisdicción federal.