El Consejo de Estado aprobó ayer «con modificaciones» el informe sobre la reforma constitucional que le encargó el Gobierno socialista, aunque contará con tres votos particulares, entre ellos el de José María Aznar.

El Pleno del máximo órgano consultivo del Ejecutivo, que se prolongó por más de diez horas, debatió el documento preliminar preparado por la Comisión de Estudios de la institución .«Una vez examinadas las observaciones y sugerencias formuladas por los Consejeros y concluidas a las 20 horas las deliberaciones sobre los seis capítulos del Informe, el proyecto, con las modificaciones introducidas en este debate, se ha sometido a una votación final de conjunto, habiendo sido aprobado», informó el Consejo .

El ex presidente del Gobierno y presidente de FAES, que participó por vez primera en el Pleno del Consejo de Estado, anunció voto particular a los aspectos del informe sobre la reforma constitucional que conciernen a la enumeración de las comunidades autónomas en la Carta Magna y a la reforma del Senado. Entre otras razones, apuntó que no se dan las condiciones para acometer una reforma de este calado, según informaron fuentes próximas al anterior jefe del Ejecutivo.

Las mismas fuentes aseguraron que Aznar había mantenido varias reuniones previas con el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, para comunicarle cuál iba a ser su posición y los principios que defendería en este acto solemne.

Reformas autonómicas

Y es que el que fuera presidente de los gobiernos del PP durante dos legislaturas no sólo entiende que no se dan las condiciones necesarias para poder abordar una reforma constitucional de estas características, sino que no percibe «ni la necesidad jurídica, ni la conveniencia política, ni el consenso político suficiente». Así las cosas, sentencia que «carece de lógica anteponer las reformas de los Estatutos a éstas», según apuntaron las mismas fuentes.

Pese a respaldar el informe sobre la reforma constitucional, la institución no se pronuncia sobre «si se debe reformar o no la Constitución ni cuándo», según advirtió su presidente, Francisco Rubio Llorente.

En un escrito remitido a los medios durante la celebración del Pleno, Rubio Llorente recordó que la función del Consejo no es «cuestionar ni tampoco respaldar» los planteamientos del Ejecutivo, sino responder a las preguntas que le formula dentro de unas «coordenadas» prefijadas. En este caso, el Gobierno de Rodríguez Zapatero demandó un informe sobre cuatro reformas constitucionales para eliminar la primacía del varón en la sucesión a la Corona, hacer una referencia a la constitución europea, convertir el Senado en cámara de primera lectura para asuntos autonómicos e incorporar los nombres oficiales de las autonomías.

De esta forma, el Consejo se distanció de la polémica suscitada por el PP a raíz de su informe sobre las reformas constitucionales. El texto sirvió en su momento al primer partido de la oposición para reclamar un alto en la revisión de los estatutos de autonomía y, más específicamente, para exigir la paralización del Estatuto de Cataluña. A su juicio, el documento dejaba claro que no se puede «empezar la casa por el tejado» y que era preciso modificar la Carta Magna antes que las normas autonómicas.

Tras el Pleno, Rubio Llorente declaró en la cadena de televisión Cuatro que el informe debatido y aprobado ayer plantea que la denominación de las distintas comunidades que aparezca en la Constitución sea aquella que fijen sus respectivos estatutos de autonomía.

En cuanto a la reforma del Senado, informó de que se estudió su configuración, a fin de que sea una Cámara de representación territorial, de las comunidades autónomas y, en última instancia, de «sus ciudadanos». Subrayó que el objetivo no es reducir o incrementar el número de senadores, como se ha entendido, matizó, sino que su designación coincida con las elecciones autonómicas y que se ajusten a la representación de las comunidades.