Algunos de los supervivientes del 'Katrina' hacían cola ayer, de vuelta a los albergues, después de que el Gobierno diese por terminado el programa de hotel con que ha mantenido bajo techo a más de 100.000 personas repartidas por todo el país. Los últimos, las 12.000 familias más necesitadas que habían logrado extender la ayuda a golpe de tribunal, salieron el lunes con sus pocas pertenencias a cuestas, a menudo en bolsas de plástico.

No todos habían pasado cinco meses en un motel de carretera, convertido de la noche a la mañana en barrio marginal, donde los niños corrían por los pasillos y los recepcionistas trataban de ignorar el continuo retimbrar del teléfono. Unos pocos afortunados habían disfrutado de televisores de pantallas plana de 42 pulgadas y habitaciones con vistas, como revelan los informes de la Oficina Auditora del Gobierno en el Departamento de Seguridad Interior.

La Agencia Federal de Emergencias (FEMA), a la que se responsabiliza del caos en los días posteriores a la tragedia, eligió hoteles más caros que el Waldorf Astoria, sin siquiera negociar precio especial. Los auditores se encontraron en sus manos con facturas de 368 euros la noche en Manhattan o 315 en Panama Beach (Florida), que los hoteles justifican por tratarse de temporada alta. Eso sí, con vistas al mar.

Pero eso no es nada. Mientras cientos de miles de personas sin hogar sueñan con la rulot que les ha prometido el Gobierno, 10.777 unidades se encuentran semienterradas en el fango de Arkansas, donde FEMA las compró al parecer ya en estado inservible.

Y de las tarjetas con 1.600 euros que entregó a 2,5 millones de afectados, se estima que al menos 900.000 eran peticiones fraudulentas solicitadas con números falsos que no fueron comprobados. Así es como las facturas de esas tarjetas reflejan sesiones de spa, artilugios sexuales, tatuajes y hasta anillos de diamantes, en lugar de la ropa y comida básica por la que clamaban los verdaderos damnificados.

El tamaño de semejante malversación de fondos no ha sido aún establecido, pero el auditor Gregory Kutz dijo a los senadores estadounidenses que «ciertamente será en millones de dólares, y podría ser de decenas o cientos de ellos».