El Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el voto favorable de todos los grupos, una moción de Izquierda Verde que insta a abrir un debate sobre cuál debe ser el tratamiento legislativo de la prostitución. La Comisión Congreso-Senado de los Derechos de la Mujer acogerá una ponencia que convocará a un plantel de expertos sobre la materia y discutirá la situación antes de emitir, no más tarde de junio, un dictamen que se propondrá al Gobierno para que, a su vez, impulse las medidas legislativas y de otra índole que considere oportunas para abordar la regulación de la prostitución.

Desde el plano de los principios y en una democracia liberal, se podría presuponer que la prostitución debería mantenerse en el ámbito privado de las relaciones de los ciudadanos, sin que la Administración pueda interferir. Pero a este planteamiento ingenuo se oponen razones consistentes relacionadas con la obligación de proteger a la mujer. En España hay unas 400.000 prostitutas, tantas como en Alemania, que nos dobla en población; una inmensa mayoría de ellas son inmigrantes captadas mediante engaño por redes que las explotan; el 95% declara ejercer esta actividad bajo control de un proxenetismo generalizado. Así, el debate parece inaplazable.

En torno a la prostitución se han desarrollado dos teorías. Una es la prohibicionista, que castiga tanto a quien se prostituye como a quien demanda servicios sexuales retribuidos. Es el modelo de Suecia, donde la actividad se ha reducido pero una parte de ella se ha recluido en zonas de sombra e impunidad donde las mujeres carecen de cualquier protección o garantía. La otra corriente es la regulacionista, mucho más extendida, que pretende racionalizar esta actividad protegiendo a las trabajadoras, impidiendo su explotación y ofreciéndoles garantías sanitarias y de seguridad con normas que también limitan los ámbitos urbanos donde pueden ejercer. El debate que acaba de comenzar debe encaminarse a salvaguardar la integridad física y moral de las prostitutas, a las que asimismo hay que brindar otras oportunidades de abandonar su oficio si lo desean. Pero también ha de lograr que el ejercicio de esta actividad no perjudique determinadas zonas urbanas. No será fácil alcanzar propuestas que abarquen y concilien todos los aspectos e intereses.