El grupo del PNV en el Congreso presentó ayer un conjunto de enmiendas al proyecto de reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, entre las que figuran dos que tienen como objetivo blindar el Concierto Económico y, más en concreto, la normativa fiscal elaborada por las juntas generales del País Vasco.

El proyecto de ley fue remitido por el Gobierno al Parlamento a mediados del pasado mes de noviembre y a partir de ahora será debatido en la Comisión Constitucional del Congreso, que preside el socialista Alfonso Guerra.

Dos de las enmiendas presentadas por el PNV -las que se refieren a los artículos 10 y 27 de la ley que regula el funcionamiento del alto tribunal- buscan que sea este órgano, y no la Justicia ordinaria el único encargado de enjuiciar las normas aprobadas por las juntas de Vizcaya, Alava y Guipúzcoa. «Con estas enmiendas -señalan los nacionalistas en la argumentación de su propuesta- se pretende solventar el problema que genera un tratamiento procesal inadecuado, pues el enjuiciamiento de las normal forales ante la jurisdicción ordinaria, hace que algo que influye tanto en la sociedad y en su estabilidad socio-económica quede expuesto con mucha mayor facilidad a meras pretensiones de obstaculizar o de suspender su eficacia».

En la actualidad, la normativa fiscal vasca que grava los beneficios empresariales -el Impuesto de Sociedades- se encuentra sometido a una permanente inestabilidad como consecuencia de los numerosos recursos judiciales presentados en el último año. El Tribunal Supremo, atendiendo una reclamación de los empresarios riojanos, declaró ilegal en enero de 2005 el tributo que se aplicaba a las empresas vasca por considerar que su diferencia con la normativa vigente en el resto de España permitía considerarque existían una «ayuda de Estado».

El intento de las diputaciones forales de mantener el mismo impuesto, con un tipo de gravamen del 32,5% frente al 35% que se aplica en el resto de España, fue contestado con nuevos recursos y una suspensión cautelar por parte del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. A finales de diciembre, las diputaciones decidieron elevar este impuesto al 32,6%.