El proyecto de liberalización de servicios en la Unión Europea entra hoy en una fase decisiva con el debate en la Eurocámara del proyecto conocido como directiva 'Bolkestein', que debe ser votado el próximo jueves en medio de masivas manifestaciones de los sindicatos, que se inician hoy. La polémica regulación pretende eliminar las barreras nacionales a la prestación de servicios y poner en marcha el mercado único en ese área. En la práctica, ello permitiría la instalación de una empresa de servicios en cualquier país de la UE con total libertad.

La iniciativa, bautizada con el apellido del ex comisario de Mercado Interior que la ideó en 2004, ha generado una gran controversia tanto política como social. Los sindicatos y los partidos de izquierda la perciben como una auténtica amenaza a los derechos laborales. De hecho, la Confederación Europea de Sindicatos ha convocado para hoy una manifestación en Estrasburgo ante la sede del Parlamento europeo, en la que espera congregar a más de 15.000 personas -UGT, CC OO y USO estarán ampliamente representados-, para protestar contra los vientos liberalizadores que la Comisión pretendía introducir en ese campo. No hay que olvidar que el sector servicios representa más del 60% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión. Las centrales celebrarán también diversas manifestaciones en Euskadi.

Limitaciones

Ante el movimiento de protesta generado, los dos principales grupos de la Eurocámara -socialistas y populares- alcanzaron la pasada semana un acuerdo que pretende aligerar el texto original a través de una serie de enmiendas. El pacto plantea abandonar uno de los puntos claves de la normativa, la cláusula denominada 'país de origen'. Según la misma, los operadores de servicios que operen en varios estados de la UE sólo deben estar sujetos a la legislación de su país de origen. De un plumazo, desaparecen exigencias como la obligación de contar con un establecimiento abierto en el país en el que se presta el servicio sometido a las disposiciones locales. Las limitaciones a la libertad de establecimiento y a la libre circulación de servicios quedan eliminadas.

Frente a ello, la nueva propuesta plantea que las empresas que se encuentren en esa situación estén obligadas a respetar las normas sociales y laborales de cada país en el que operen. Se pretende así, por ejemplo, evitar el riesgo de una carrera salarial a la baja entre los estados miembros.

La enmienda pactada por populares y socialistas europeos conlleva una redefinición de las competencias legislativas del país de origen, concentradas en las exigencias administrativas que le son demandables. Se definen, asimismo, los derechos de control del país de destino del servicio prestado en terrenos como la política y la seguridad públicas, la salud y el medio ambiente. A la lista de derogaciones se le han sumado el trabajo temporal, los servicios transfronterizos de cuidados sanitarios o los de seguridad, entre otros. El texto reformado recorta sustancialmente, por lo tanto, las ambiciones liberalizadoras de la Comisión.

División de opiniones

El trámite del proyecto es el de codecisión, que implica que el Parlamento y el Consejo deben ponerse de acuerdo sobre el texto definitivo. Cinco socios, entre los que se cuenta España, han pedido al actual comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, una actitud decidida para evitar la dilución de la directiva. Francia, Alemania, Bélgica e Italia, en cambio, mantienen una posición obstruccionista al proyecto.

En suma, el Consejo está dividido. No se detecta un empuje suficiente en su seno para imponer al Parlamento una visión más abierta cuando el pleno vote las enmiendas pasado mañana.