El Gobierno comparecerá en el Parlamento para explicar que las excarcelaciones de terroristas con largas condenas no son una iniciativa del Ejecutivo, sino que se atienen a la legalidad establecida en el Código Penal de 1973 y se suceden desde la llegada de la democracia. El titular de Justicia, Juan Fernando López Aguilar , pidió ayer a la Mesa del Congreso comparecer en la Cámara para detallar el porqué de estas excarcelaciones y explicar la decisión de los fiscales del Tribunal Supremo de avalar la acumulación de condenadas reclamadas por el etarra Henri Parot.

Justicia, según fuentes del Ejecutivo, pretende llevar a cabo una «campaña parlamentaria» para informar a la opinión pública de que estas excarcelaciones son fruto de una ley aprobada hace más de treinta años y que no puede impedirse la salida a la calle de estos terroristas, tal y como reclama el PP en los últimos días, sin vulnerar la legalidad y el principio de no retroactividad de las normas desfavorables.

López Aguilar mostró su enfado con las críticas del principal partido de la oposición. El ministro calificó de «ignominia inaceptable» y de «infamia» que el Partido Popular pretenda vincular las excarcelaciones de etarras con una hipotética negociación con la banda terrorista. En este sentido, recordó que a la organización armada se la «está combatiendo en todos los frentes por parte de este Gobierno». Según el titular de Justicia, «el PP intenta explotar una secuencia de excarcelaciones que se están produciendo, nos guste o no, de acuerdo con la Ley y los ciudadanos tienen que saber que esa Ley no admite la aplicación retroactiva porque la Constitución española lo prohíbe».

«Casos sangrantes»

La ofensiva parlamentaria de López Aguilar para contrarrestar las acusaciones del PP se basará en un vasto informe elaborado esta misma semana por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias que analiza la evolución de las excarcelaciones de etarras en los ocho años de Gobierno popular, entre 1996 y 2004.

Según las estadísticas de prisiones, en ese período fueron puestos en libertad 311 etarras. Un total de 64 de esos terroristas estaban condenados a penas de más de 30 años de cárcel pero acumularon sus condenas y salieron de la cárcel antes de tiempo.

Entre estos etarras -señala el informe de prisiones- destacan «cinco casos sangrantes»: José Ramón Artola Santiesteban, condenado a 327 años y de los que cumplió quince años y nueve meses; Enrique Letona Viteri, condenado a 311 años, de los que pasó en la cárcel quince y medio; Jaime Rementeria Beotegi, sentenciado a 220 años pero que sólo cumplió 20 años y cuatro meses; Jon Etxeandia Zorroza, con una condena de 172 años y que pasó 18 años y un mes; y Juan José Larrinaga Etxebarria, condenado a 221 años de cárcel de los que cumplió únicamente veinte.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, utilizó esta documentación para recordar al secretario general del Partido Popular, Ángel Acebes, que en el período en el que él ocupó cargo de ministro fueron excarcelados 49 etarras sin cumplir en su integridad sus condenas superiores a los 30 años de cárcel.

Fernández de la Vega, en la sesión de control al Gobierno, calificó la posición del PP de «impúdica» y acusó a los populares de «falsear la realidad de forma grave». «Cuando el PP gobernaba se aplicaba la ley igual que hoy», aseguró la vicepresidenta, quien insistió en que el Ejecutivo está siendo «implacable con los terroristas».