Las noticias sobre una pronta excarcelación de asesinos múltiples han encendido una polémica que, si no se reconduce, podría acabar con el mínimo consenso que las instituciones y los ciudadanos necesitan para afrontar el tramo final de la lucha contra el terrorismo. Durante muchos años la sociedad interiorizó de alguna forma aquello que pretendían los terroristas: percibió su actuación brutal como un desafío contra el Estado en el que las personas asesinadas aparecían como víctimas instrumentales y en cierta medida accidentales. La legislación y sus sucesivas reformas fueron reflejando esto. Baste recordar las resistencias que se suscitaron ante la tipificación penal del terrorismo y sus efectos. De hecho, el propio reconocimiento social de las víctimas ha ido unido al descubrimiento tardío de que el desafío etarra no pretendía doblegar a un gobierno u otro sino que trataba de someter a la sociedad entera mediante la persecución de quienes por sus ideas o por su cometido público ETA señalase como enemigos.

Hoy resulta estremecedora la desproporción que puede darse entre el mal causado y la condena cumplida en casos como el de Parot o Troitiño. Especialmente cuando, lejos de asumir esa culpa, tratan de reivindicar su trayectoria de muerte como heroica contribución a la liberación de Euskal Herria. Pero con la ley y la jurisprudencia en la mano no parece que los jueces puedan corregir fácilmente el rumbo trazado durante tanto tiempo con la anuencia, aunque sea inconsciente, de todos. La clase política en general y, en particular, quienes han gobernado hasta la fecha podrán reprocharse a sí mismos su incapacidad para descubrir a tiempo la naturaleza del terrorismo y su imprevisión ante situaciones como las que se nos anuncian. Pero la conversión del dolor que tal sorpresa causa en quienes más sufren en argumento para arremeter contra el Ejecutivo socialista o para salir al paso de un supuesto o hipotético proceso de paz puede provocar precisamente lo que pretenden evitar quienes así proceden: que los presos de ETA continúen dando por sentado que su excarcelación será un efecto inmediato de ese pretendido proceso de paz.

Los sondeos de opinión demuestran que tanto en el resto de España como en el propio País Vasco se ha ido reduciendo la disposición ciudadana a conceder beneficios penitenciarios a sus presos en el caso de que ETA renuncie a la violencia. A pesar de las excarcelaciones anunciadas por acumulación de penas, parece claro que, también con la legislación en la mano y atendiendo a la más que legítima demanda de reparación moral por el daño causado, la libertad de los presos de ETA será, si acaso, la concesión más cara de cuantas pudiera solicitar ésta al Estado de derecho. Parot o Troitiño pueden ser beneficiarios de la inconsciencia o de la imprevisión. Pero su probable suerte ha sacado ya a la palestra lo que hasta ayer mismo parecía un tema tabú. Tabú porque la izquierda abertzale necesita dar por descontada la liberación de sus presos en el momento mismo en que el terrorismo desaparezca. Pero tabú quizá también porque Rodríguez Zapatero no haya querido insertar entre sus frases de esperanza el mensaje dirigido a ETA y a sus presos de que su eventual libertad está supeditada más al cumplimiento legal de las condenas que al esperado anuncio de la desaparición del terror.

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