El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, evitó ayer 'in extremis' que el Consejo Fiscal, el máximo órgano de representación democrática de la carrera, reclamase su dimisión por haber forzado la semana pasada la renuncia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño.

Conde-Pumpido tuvo que hacer uso de su voto de calidad, como presidente de este órgano, para romper el empate a seis tras el debate suscitado por la conservadora Asociación de Fiscales (AF), que le reclamó el abandono del cargo «con el fin de restaurar el crédito social» y la imagen pública del Ministerio Público. Las decisiones del Consejo Fiscal no son vinculantes, es una institución consultiva del fiscal general, pero haber perdido la votación hubiese dejado a Conde-Pumpido en una situación desairada respecto a sus subordinados.

Para neutralizar a los seis vocales de la AF partidarios de su dimisión, Conde-Pumpido tuvo que sumar su voto al de los otros dos miembros natos del consejo -el teniente fiscal y el jefe de la Inspección, nombrados por él- y al de los tres vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación con la mantiene afinidad ideológica.

Es la primera vez que un Consejo Fiscal vota una petición de renuncia del fiscal general del Estado. Esta situación atípica se produjo durante una reunión extraordinaria, solicitada por la AF, y en la que, según palabras de los vocales presentes, se produjo un debate «vivo, encendido y, en algunos momentos, incluso subido de tono».

La dureza de la postura de la AF ha causado sorpresa en el mundo de la justicia, porque este misma asociación provocó en 1997 la mayor crisis institucional que se recuerda en el Ministerio Fiscal justo con motivo del nombramiento de Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. El entonces fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, y el Gobierno del PP tuvieron que designar a Fungairiño para el cargo después de que su candidatura recibiese cero votos en tres ocasiones sucesivas en el Consejo Fiscal, de que la AF boicotease el acto de toma de posesión del fiscal jefe -que tuvo que ser apadrinado por el propio Jesús Cardenal ante la falta de voluntarios- y de que esta misma asociación llevase al fiscal general a los tribunales por creer que el nombramiento era ilegal.

Pérdida de confianza

La reunión, que trató antes otros tres puntos, se convocó para que el fiscal general explicase los motivos por los que había pedido la renuncia a Fungairiño. Conde-Pumpido, como ya hiciera días antes en público, indicó que el fiscal jefe no podía continuar porque había perdido su confianza, por incumplir de forma sistemática sus órdenes y sus directrices para el funcionamiento en la Audiencia Nacional. Esta situación, dijo, sólo dejaba dos opciones: o que se fuese de forma voluntaria o que se iniciase el proceso disciplinario para su cese.

Las explicaciones del fiscal general fueron aceptadas por los vocales de la UPF, pero no por los de la AF. Los fiscales conservadores, según explicó su portavoz Fernando Herrero-Tejedor, «lamentan y reprueban el cese encubierto (de Fungairiño), que es un abandono forzado de su puesto ante la posibilidad de verse removido e incluso sometido a un expediente disciplinario».

Consideran que es un cese de un fiscal jefe provocado por la «falta de sintonía» ideológica con Conde-Pumpido, «que confunde la naturaleza propia de un cargo de libre designación con un cargo de confianza» y usa criterios «ajenos a los principios de capacidad y mérito consagrados en la Constitución» para los nombramientos de los miembros de la cúpula fiscal. Herrero-Tejedor concluyó que «la introducción de criterios de confianza o afinidad ideológica o política en los nombramientos o ceses de fiscales atenta contra la propia esencia y dignidad del Ministerio Fiscal».

Los fiscales de Audiencia Nacional celebraron ayer la primera junta sin Fungairiño dirigidos por el teniente fiscal Jesús Santos, con el fin de repartir los asuntos que el ex fiscal jefe llevaba de forma personal, sobre todo antiguos sumarios de ETA -atentados de los años ochenta y principios de los noventa- y expedientes de extradiciones, entregas de terroristas o de comisiones rogatorias o auxilios internacionales.

En la reunión, según alguno de los presentes, no se hicieron valoraciones sobre su cese, aunque sí que se percibió un clima de tensión y nerviosismo, y se decidió que los temas de Fungairiño sean asumidos por los fiscales asignados al juzgado central en el que se tramita cada uno.