Las secciones sindicales de ELA, LAB y UGT en la Administración general vasca se concentraron ayer en Vitoria para pedir al Gobierno que paralice el proceso de reorganización de los puestos de trabajo de su área y aseguraron que la situación es «lo suficientemente grave» como para impulsar movilizaciones.

Los sindicatos, que aseguran contar con el 80% de la representación de los trabajadores, explicaron que la mencionada propuesta es la culminación de un «largo» proceso, denominado Análisis Funcionales, que la viceconsejería de Función Pública inició hace ocho años con el «aparente» fin de modernizar la configuración de los puestos de trabajo y homogeneizarlos. La iniciativa conlleva una nueva descripción de los puestos, así como una valoración diferente y en, muchos casos, nuevos requisitos para su provisión.

Según las centrales, el plan abre el camino a la «imposición unilateral» de movilidad funcional y geográfica, quedando «a discreción de la Administración que al personal se le suba o se le baje el sueldo, vía modificación del puesto de trabajo».