El Gobierno se ha topado con la burocracia europea a la hora de promover varias de las recomendaciones de la comisión del 11-M para mejorar la lucha contra Al-Qaida. Los responsables de Interior y Justicia se muestran «muy satisfechos» del «alto grado de cumplimiento» de las medidas internas como el reforzamiento de las unidades policiales especialistas en el terrorismo islámico o la mejora en el control de los integristas encarcelados, aunque admiten encontrarse con todo tipo de trabas para lograr una mejor coordinación con los socios europeos.

Medio año después de que el Parlamento aprobara las conclusiones de la comisión de investigación, todavía hay una veintena de recomendaciones en las que apenas se ha avanzado. Los documentos oficiales desvelan que la mayoría de estas medidas incumplidas (sobre el 85%) tienen que ver con la coordinación con otros países de la UE. Hay problemas incluso de concepto: España, pese a la petición del Congreso, todavía no ha propuesto al Consejo de Ministros europeo la «armonización de la legislación para definir de manera uniforme los delitos relacionados con el terrorismo».

Esas diferencias en las legislaciones nacionales y los «debates teóricos interminables» sobre qué es terrorismo-aseguran fuentes de la lucha antiterrorista- han hecho que España «aplace» en los foros comunitarios otras propuestas de los diputados como la creación de un 'fiscal europeo' especialista en terrorismo o potenciar Europol y Eurojust como instrumentos útiles en la lucha contra Al-Qaida. De hecho, la comisión recomendaba al Gobierno que promoviera la «revisión del estatuto jurídico» de Europol para facilitar la «mejor identificación» de los grupos terroristas integristas y sus colectivos satélites, algo que no ha sucedido.

Así las cosas, Interior y Justicia han abandonado, por el momento, otras empresas más ambiciosas planteadas en el Congreso. Cinco son iniciativas importantes: el Plan Europeo de Prevención del Terrorismo, la creación de una Escuela Europea Antiterrorista, la unificación de bases de datos de los Veinticinco sobre antecedentes de integristas, la puesta en marcha de una red europea de alerta «en tiempo real» sobre Al-Qaida y la entrada en vigor de la cláusula de solidaridad para afrontar de manera conjunta las consecuencias de los atentados.

Esfuerzos bilaterales

Ante estos problemas en la UE, Interior se ha volcado en el G-5 (el grupo del que forma parte junto a Italia, Francia, Gran Bretaña y Alemania). En este foro, España sí ha logrado promover iniciativas que salieron del Parlamento, como el sistema de alerta rápida de robo de explosivos, el control de Internet, la mejora de los visados o la vigilancia de los pasajes aéreos.

La otra vertiente de trabajo han sido los acuerdos internacionales bilaterales. España ha suscrito pactos contra Al- Qaida con EE UU y varios países del Magreb, amén de cerrar protocolos de cooperación antiterrorista con Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, Turquía, Rumanía y Perú. Además, se han reforzado quince embajadas con expertos en la lucha contra los integristas en países tan 'delicados' como Indonesia, Jordania, Libia, Pakistán, Arabia Saudí o Argelia.

Frente a la vertiente internacional, el Ejecutivo insiste en el «cumplimiento casi al 100%» de las grandes recomendaciones de «política interna» hechas por la comisión: todas las propuestas de atención a las víctimas han sido seguidas, se han creado dos organismos de coordinación policial, este año se invertirán 18,5 millones de euros para mejorar los medios en la lucha contra Al-Qaida, 600 policías y guardias civiles se han convertido en especialistas en terrorismo islamista, 40 interpretes se han incorporado a Interior y el control de los presos radicales en las cárceles es «total».