Después de más de tres años de intensas inspecciones internacionales, el controvertido programa nuclear de Irán ha sido finalmente remitido al Consejo de Seguridad, tal y como lo exigían desde hace meses Estados Unidos y la Unión Europea. La Junta de Gobernadores de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) decidió ayer en Viena informar al órgano máximo de la ONU sobre los incumplimientos nucleares de Irán y sobre las acciones que Teherán debe tomar para restablecer la confianza internacional.

La resolución, aprobada por 27 de los 35 países miembros de la Junta, no prevé ningún tipo de sanciones contra el país persa y emplaza al director general de la AIEA, Mohamed al-Baradei, a elaborar hasta la próxima reunión de la Junta -el 6 de marzo- un informe sobre el cumplimiento iraní de la disposición. La ejecutiva de la agencia exige al régimen de los ayatolás suspender todas las actividades relacionadas con el enriquecimiento de uranio, al tiempo que le insta a ofrecer la transparencia necesaria para esclarecer los asuntos pendientes en la investigación.

Reino Unido y Estados Unidos destacaron que el Consejo no entrará en acción hasta después de la próxima reunión de la Junta, lo que constituye una «ventana de oportunidad» para Irán, tal y como lo definió esta semana el propio Al-Baradei. «Después del 6 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU puede -de ser necesario- aplicar presión adicional sobre Irán», dijo el embajador británico ante el organismo, Peter Jenkins.

«Tenemos ahora un mes hasta que la Junta (de la AIEA) se reúna, esperamos que Irán tome esta oportunidad para reconstruir la confianza internacional», añadió.

El representante estadounidense, Gregory Shulte, señaló que la Junta espera que los líderes de Irán «oigan el mensaje que lanzamos hoy, un mensaje de preocupación que les pide que elijan un camino de cooperación y colaboración, y no uno de confrontación».

La respuesta de la república islámica fue desafiante. El presidente Mahmud Ahmadineyad decidió reiniciar el programa iraní de enriquecimiento de uranio «a pleno rendimiento» y ordenó suspender desde hoy la aplicación del 'protocolo adicional' que permitía las inspecciones por sorpresa de la AIEA a las instalaciones nucleares iraníes. De esta forma, cumple la ley aprobada por el Parlamento iraní el pasado mes de diciembre, en la que se advertía que el país abandonaría ese 'protocolo adicional' en el caso de que el programa nuclear fuera enviado al Consejo de Seguridad.

En una carta enviada a Gholamreza Aqazadeh, director del Organismo iraní de Energía Atómica, Ahmadineyad lamentó la «reacción apresurada (de Europa) contra las actividades nucleares de Irán» , a las que calificó de totalmente legales y limitadas. Asimismo, animó a «técnicos, universidades e institutos de investigación» a lograr «un mayor desarrollo de nuestra tecnología autóctona», para lo que se llevará a cabo una «amplia convocatoria de puestos de trabajo».

Sin base legal

Enriquecer uranio -legal bajo el Tratado de No Proliferación de armas nucleares (TNP)- es tan sensible porque tiene aplicaciones civiles en la producción de combustible para plantas atómicas, pero también sirve para la fabricación de bombas nucleares. Ante la insistencia de Irán de hacerse con esa tecnología, EE UU y la UE sospechan que Teherán quiere usar esos conocimientos para fines militares.

La adopción de la resolución se complicó en el último momento después de la solicitud presentada por Egipto de incluir en el texto un llamamiento a la creación de una zona libre de armas nucleares en Oriente Próximo, considerado como una referencia indirecta a Israel. La versión finalmente adoptada menciona como objetivo un Oriente Próximo «libre de armas de destrucción masiva». De esta forma, se evitó destacar indirectamente a Israel, ya que se sospecha que otros países de la región, como por ejemplo Siria, disponen de arsenales de armas biológicas y/o químicas.

Por eso, la resolución fue aprobada también por dos países árabes, Egipto y Yemen, mientras que Argelia y Libia se abstuvieron en la votación. Los únicos en oponerse abiertamente fueron Venezuela y Cuba, junto con Siria, el principal aliado de Irán en Oriente Próximo.