El Gobierno aseguró ayer, por boca del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, que el cese del fiscal jefe de la Audiencia Nacional no tiene nada que ver con la lucha contra el terrorismo ni afectará a la firmeza con la que el Ejecutivo y los tribunales van a seguir persiguiendo a ETA. El ministro aclaró que se trata de algo «natural», en una institución jerarquizada como la Fiscalía, cuando un fiscal jefe pierde la confianza del fiscal general del Estado, «con el que no caben discrepancias».

López Aguilar salió así al paso de las duras críticas realizadas por el PP a la renuncia forzada de Fungairiño, que para el principal partido de la oposición obedece a la necesidad de Zapatero de colocar un fiscal jefe más cómodo en la Audiencia Nacional de cara a un hipotético proceso de paz en Euskadi y una negociación con la banda.

El responsable de Justicia señaló que el Gobierno «tiene un balance de realizaciones absolutamente intachables» en la lucha contra ETA en sus dos años de mandato y «continúa actuando contra el terrorismo en todos los frentes, y así seguirá haciéndolo». Destacó que «así ha sido durante el tiempo que Fungairiño ocupó la jefatura en la Audiencia Nacional y así va a seguir con su sucesor». La lucha continuará, añadió, «hasta que nos deshagamos por completo de la amenaza, hasta que ETA desaparezca definitivamente de nuestras vidas».

El ministro quiso zanjar la polémica y subrayó que «no cabe ninguna interpretación torcida». En su opinión, la renuncia «pone de manifiesto que los puestos en una institución no son vitalicios, no duran siempre, y con toda naturalidad cabe entender un relevo».

El PP ofreció una versión contrapuesta. Su líder, Mariano Rajoy, durante un mitin celebrado en Santander, definió a Fungairiño como un «servidor del Estado de Derecho y de la ley» y acusó al Gobierno de «liquidarlo» para «dar un paso más en su objetivo, que es el de negociar políticamente con ETA». Y eso, sentenció, es «un disparate desde el punto de vista democrático».

Horas antes, el secretario general de los populares, Ángel Acebes, había asegurado que Zapatero es el «responsable directo» de este cese, al tiempo que pedía la comparecencia inmediata del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en el Congreso para explicar su decisión. Acebes criticó lo que calificó como «dimisión forzada y humillante», fruto de un comportamiento «indigno y profundamente injusto». En la misma línea, afirmó que «el Estado de Derecho no merece entregar la cabeza de un servidor del Estado y de la libertad en bandeja de plata a Zapatero para sus maniobras», haciendo «un daño difícilmente reparable» en la lucha contra ETA.

Las preguntas del PP

Tras señalar que Conde-Pumpido se ha convertido en «correa de transmisión» del presidente, Acebes se preguntó «cuáles eran las órdenes» del fiscal general que Fungairiño no había cumplido para que se le haya cesado. Citó, con ironía, alguno de los posibles incumplimientos. Entre ellos destacó la celebración en la Audiencia Nacional del macrojuicio contra el entorno de ETA o que su postura no fuese compatible con «la legalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas, ni con los derechos de reunión de los proetarras de Batasuna después de haber sido ilegalizados». «O quizás (su cese) tiene que ver con el desistimiento en la lucha contra el terrorismo y con que Fungairiño y su magnífico equipo de profesionales en la Audiencia Nacional pidió recientemente prisión incondicional para Arnaldo Otegi, y éste preguntó al fiscal si lo sabía el fiscal general del Estado», concluyó.