El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dejó ayer de lado la diplomacia y la prudencia habitual de sus intervenciones públicas y narró con pelos y señales, ante un auditorio de excepción formado por los principales responsables del mundo judicial, cómo y por qué exigió el miércoles a Eduardo Fungairiño que dejase de ser el fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Una reclamación que planteó porque «la paciencia tiene un límite».

Conde-Pumpido aseguró que Fungairiño ha incumplido «de forma reiterada» el principio de «unidad de actuación del Ministerio Fiscal» que consagra la Constitución, el que obliga a todos los fiscales a acatar las órdenes y directrices que marca el fiscal general. «Si los intentos reiterados de que se cumpla ese principio se ven sucesivamente frustrados, sucede que la paciencia tiene un límite y llega un momento determinado en el que el fiscal general tiene que adoptar aquella decisión que la ley establece: el relevo, que puede ser voluntario o por la vía de la remoción (disciplinaria)», explicó.

Dicho y hecho. El lunes citó a Fungairiño en la sede de la Fiscalía General para las doce del mediodía del miércoles. Sobre la mesa había dos documentos: un expediente para iniciar la remoción del fiscal jefe -basado en un listado de incumplimientos- y un borrador de carta de renuncia. Conde-Pumpido le dio a elegir: o se marchaba de forma voluntaria o iniciaba contra él un expediente para relevarle.

El fiscal general explicó ayer que Fungairiño, «libre y voluntariamente, y con la madurez suficiente de un fiscal experto en estas cuestiones, optó por la renuncia voluntaria». El fiscal jefe, siempre según Conde-Pumpido, le solicitó que en la carta de dimisión constase que renunciaba por «motivos estrictamente personales», como así fue, pero «yo le acepté la renuncia por motivos profesionales», matizó.

El responsable de la Fiscalía no quiso desgranar toda la lista de agravios que le atribuye a Fungairiño , pero dijo que las tres últimas gotas del vaso fueron la no comunicación de problemas serios en la instrucción del 11-M, la no intervención en una demanda contra un magistrado de la Audiencia Nacional y la no información a la fiscalía general y al Tribunal Supremo con tres meses de antelación de que se podían producir excarcelaciones de terroristas por dilaciones procesales, que al final se han producido y van a continuar.

Conde-Pumpido dijo no estar dispuesto a que esta situación se repita, por lo que adelantó que el sucesor de Fungairiño será «un fiscal experimentado y excelente profesional, con experiencia de jefatura», pero, sobre todo, una persona de su «plena y absoluta confianza». Debe ser alguien que «sintonice con los criterios del fiscal general del Estado, para evitar disfunciones y que tenga que estar interviniendo de forma permanente».

Jefe en funciones

El proceso de renovación del cargo, que el Gobierno podría iniciar la semana próxima con la convocatoria de la plaza, puede durar al menos un mes, tiempo en el que el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Jesús Santos, será el jefe en funciones. Dos de los hombres de confianza de Conde-Pumpido que más suenan para el puesto son los fiscales jefe de Cataluña y de Galicia, José María Mena y Carlos Valera, respectivamente.

Fungairiño no quiso hacer declaraciones ayer. «He dicho todo lo que tenía que decir», aclaró. Más de medio centenar de funcionarios de la Audiencia Nacional se concentraron durante cinco minutos ante la sede judicial para mostrar su apoyo al ex fiscal jefe. El acto no contó con la asistencia de ningún fiscal, pero sí de los jueces de instrucción Juan del Olmo y Félix Degayón, así como otros cuatro magistrados de la Sala de lo Penal.