El jefe de los servicios jurídicos de la Cámara de la Propiedad Urbana de Vizcaya se mostró ayer «consternado» por la decisión del Departamento vasco de Vivienda de cerrar las entidades. Para José Miguel Alonso, el decreto «ni es justo, ni necesario» y aseguró que harán «todo» lo que esté en sus manos para evitar la liquidación de la institución vizcaína. «Si el recurso prospera, llevaremos al Gobierno vasco ante los tribunales», anunció Alonso. En cualquier caso, los representantes de la cámara vizcaína quisieron transmitir un «mensaje de tranquilidad» a todos sus socios -237.000 personas- y empleados.

Según explicó el letrado, el Departamento de Vivienda tiene «la facultad» de cerrar las cámaras, «pero no la obligación». La solución planteada por la institución vizcaína para evitar el cierre pasa por la regulación de las cámaras como entidades representativas del sector inmobiliario de la comunidad autónoma, tal y como se ha hecho, por ejemplo, en Castilla-León o Cataluña. «Se trata -según precisó José Miguel Alonso- de una fórmula jurídica que permite transferir el personal y el patrimonio con todo género de garantías».

El jefe de los servicios jurídicos también puso en entredicho la «supuesta gratuidad del servicio» que prestará el Gobierno vasco. «Eso no es cierto. La cámara se autofinancia con las aportaciones de sus socios, pagadas voluntariamente, mientras que si pasa a manos de las instituciones, el coste tendrá que ser soportado por los presupuestos».