Encauzada la tramitación de la reforma del Estatut mediante el acuerdo entre el presidente Rodríguez Zapatero y los dirigentes de CiU, las miradas parecen orientarse hacia Euskadi a la espera de nuevos acontecimientos. La sociedad vasca alberga una razonable confianza en que, con el transcurso de los días, el problema del terrorismo se acerca a su fin. Esa percepción parte de la indisimulable debilidad que viene mostrando la trama etarra. Los comunicados de ETA y los discursos de Arnaldo Otegi se esfuerzan en mantener alta la moral de la izquierda abertzale reivindicando para sí 'la crisis que padece el Estado'. Pero es evidente que cuando el Estado de Derecho se pronuncia y reduce los espacios de impunidad en los que en el pasado enraizaba el terrorismo, sus apologetas retroceden sin remisión. Así ha ocurrido tras la prórroga de la suspensión judicial de las actividades de Batasuna.

Resulta prematuro e inconveniente que partidos e instituciones se apresten a adecuar sus estrategias a un tiempo que aún no ha llegado: el momento en que ETA renuncie para siempre al empleo de la violencia y, en esa medida, deje de existir. Las distintas formaciones -y en especial el nacionalismo- tratan de colocarse ante tal eventualidad de forma que puedan ser beneficiarias del crucial cambio o, cuando menos, no resulten orilladas en la dinámica a que daría lugar. Pero es imprescindible evitar que la panoplia de las hipotéticas soluciones, planes y plataformas acabe siendo infinitamente más vasta y compleja que el problema al que, al parecer, quiere dar solución. Conviene recordar que el terrorismo desaparecerá cuando quienes lo emplean dejen de hacerlo, así de simple. Y no lo harán mientras su persistencia siga siendo utilizada como argumento directa o indirectamente útil para el nacionalismo, y éste cultive el laberinto de la transitoriedad permanente hacia un horizonte trazado desde el soberanismo.

Todo el espectro nacionalista parece coincidir a la hora de situar como clave de bóveda de su proyecto el 'derecho a decidir'. El propio Pasqual Maragall ha irrumpido en el escenario vasco con una de sus habituales indiscreciones haciéndose eco de dicha reivindicación. Su sola mención sugiere dos ideas inadmisibles y especialmente perniciosas: la especie de que hoy los vascos no tenemos derecho a decidir y una concepción de dicho derecho como atributo absoluto y unidireccional. La falaz denuncia de que la ciudadanía vasca no posee tal derecho serviría para avalar el corolario favorito de los más extremistas: si Euskal Herria no puede declararse hoy una e independiente es que no vive en democracia.

La negociación del Estatut está evidenciando que la convivencia en el Estado de las Autonomías y en el seno de cada comunidad no lo permite todo. Que nadie puede valerse de las ventajas de participar en un espacio histórico como el que conforman la España diversa y la Euskadi diversa para optimizar sus beneficios sublimando anhelos particulares mientras se desentiende de las necesidades y de los sentimientos de los demás. De ahí que urja solicitar a partidos e instituciones que eviten abonar la ceremonia de la confusión empleando el lenguaje críptico y la especulación o poniendo en marcha una multiplicidad de iniciativas que desconciertan a los ciudadanos y despilfarran la energía colectiva que Euskadi necesita para acabar definitivamente con el terrorismo y dar cauce al entendimiento leal e integrador entre nacionalistas y no nacionalistas.