El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer por un solo voto un informe que considera inconstitucional, en al menos 19 puntos, el proyecto de nuevo Estatut que en septiembre respaldó el Parlament casi por unanimidad. El escrito señala que el proyecto de norma estatutaria es ilegal porque aspira a gobernar desde Cataluña los tribunales de justicia de su territorio, cuando la Constitución diseña un poder judicial único y de exclusiva titularidad del Estado.

El estudio, que solo fue respaldado por los vocales conservadores, se aprobó por diez votos frente a nueve abstenciones en un pleno que demostró la profunda fractura y lucha partidista que atenaza al Poder Judicial. Los siete vocales progresistas, el propuesto por CiU y el independiente Agustín Azparren no entraron ni siquiera a valorar el documento, ya que defendieron que el CGPJ carece de competencias para emitir un informe que el Gobierno no le ha pedido y que el Congreso le solicitó de forma explícita que no elaborase.

La mayoría conservadora necesitó del voto del presidente, Francisco José Hernando, para sacar adelante el estudio crítico, pues en caso contrario el texto hubiese sido rechazado por un empate. Hernando contradijo así lo que había afirmado hace sólo dos semanas en un foro público, donde se comprometió a no llevar este polémico estudio al pleno del CGPJ para no «interferir» en las negociaciones.

Hernando reconoció entonces que no tiene mucho sentido emitir un informe sobre un texto que ya no guarda relación con la realidad, puesto que el proyecto original ha sufrido importantes variaciones en el proceso negociador. El propio autor del informe y vocal conservador, José Luis Requero, admitió que en el futuro, cuando se conozca el texto del Estatut que aprobará el Congreso, puede ser necesario un nuevo informe, porque el actual no sirva. No obstante, Requero defendió la necesidad del estudio, la competencia del CGPJ para realizarlo y la postura de Hernando.

Conflicto de competencias

De hecho, en el acuerdo alcanzado ayer, el consejo invita al Congreso a plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal constitucional si considera que alguno de sus informes interfieren en su labor legislativa. A este respecto, el CGPJ asegura que «ha actuado y seguirá haciéndolo en el estricto ámbito de sus competencias».

Los portavoces de la minoría progresista no pudieron ser más críticos en sus valoraciones. El vocal Juan Carlos Campo dijo que era «un día triste» para el Poder Judicial y calificó lo ocurrido como «incoherente», «esperpéntico», e «interferencia en la función legislativa». Su compañero Luis Aguiar fue aún más duro y afirmó que «si esto no es hacer política, que venga Dios y lo vea».