La crisis del régimen franquista, que se manifestó a partir de 1969, acabó convirtiéndose en el gran problema nacional a resolver después de la muerte del dictador en 1975. La profundidad de la misma fue en gran parte debida a la incapacidad política del propio régimen de dar respuesta a las consecuencias de las transformaciones socioeconómicas del país. Al final de la dictadura era evidente una aguda crisis de adaptación política, en la que aparecían los desajustes entre una sociedad dinámica y unas estructuras políticas anquilosadas. Lo que pasó durante las oscuras horas de la dictadura y los confusos años de la Transición legitimó las instituciones (monarquía, democracia) y los valores dominantes de la época (moderación, centrismo, retórica de la modernización) que a pesar de su aparente solidez actual sólo se consolidaron mediante una operación de grandes implicaciones para la memoria histórica, convirtiéndose ambos en piedra angular de la Transición. Transición que fue, esencialmente, una construcción ideológica y un acto de falsa reconciliación de las dos Españas que nació de la reinterpretación y deformación de su pasado.

El Gabinete creado tras la proclamación de Juan Carlos I se conoce como el primer Gobierno de la monarquía o el segundo Gobierno de Arias Navarro, pero no fue ni lo uno ni lo otro. En primer lugar, porque el Rey habría deseado contar con un presidente del Ejecutivo de su confianza, lo que tuvo que sacrificar a cambio de garantizar el nombramiento de Torcuato Fernández-Miranda como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino (3 de diciembre de 1975) y porque Arias Navarro sacrificó a sus colaboradores más allegados y permitió que el Monarca colocara en el Gobierno a hombres con experiencia y «espíritu reformista» (Manuel Fraga, José María de Areilza, Antonio Garrigues y Alfonso Osorio) e incorporara a varios representantes de la llamada 'generación del príncipe' (Adolfo Suárez, Rodolfo Martín Villa y Leopoldo Calvo Sotelo).

En segundo lugar, porque Arias Navarro nunca tuvo un proyecto político propio, ni supo imponer su autoridad a sus ministros, que desarrollaron estrategias independientes y a menudo contradictorias entre sí. El Rey comprendió que sólo un compromiso más claro con las formas democráticas salvaría el nuevo sistema, que ya en los primeros meses de 1976 sufría manifestaciones masivas a favor de la amnistía de los presos políticos e importantes huelgas laborales. La conflictividad social y obrera se disparó de una forma desconocida hasta entonces en todo el país. Por primera vez se hicieron huelgas generales políticas, locales o regionales con rasgos de denuncia y ruptura política, cuyo paradigma fue la huelga general de Vitoria en marzo de 1976.

En este marco de conflictividad generalizada, los acontecimientos callejeros eran un claro síntoma de la ingobernabilidad del país (3.156 huelgas en 1975 y más de diecisiete mil en los primeros tres meses de 1976). Las repercusiones de esta conflictividad política y social marcaron los márgenes por donde pasarían los futuros gobiernos de la Transición, haciendo caer al primer ejecutivo de la monarquía (1 de julio de 1976) y obligando al segundo a aceptar la agenda política de la oposición (primer decreto de amnistía, 30 de julio de 1976), asumiendo la legalización de los partidos políticos y las elecciones libres. El proceso de cambio de legalidad desde dentro se extendió desde el nombramiento como presidente del Gobierno de Adolfo Suárez (5 de julio de 1976) a la aprobación en referéndum de la Ley para la Reforma Política (diciembre de 1976). Aun siendo recibido con indiferencia y sin grandes esperanzas, este Gobierno consiguió impulsar la reforma democrática valiéndose de las estructuras de poder del propio Estado, que fueron usadas como plataforma para el cambio político.

En la crítica coyuntura de 1976, el problema de las elecciones municipales adquirió un gran protagonismo, sobre todo conociendo que la estrategia de la oposición mayoritaria pasaba durante esos años por la realización de huelgas generales para provocar la caída del régimen, tal y como ya señalábamos. Los políticos afectos a éste y los de la oposición se volvieron hacia la única experiencia real que conocían de cambio político hacia la democracia, la República de 1931. A pesar de todas las transformaciones, a pesar de los 'olvidos' del pasado que impuso finalmente la Transición, la República seguía siendo modelo de unos y antimodelo de otros. La obsesión por controlar la calle, tanto del primer Gobierno de la monarquía como de la oposición, se hizo patente en el ámbito municipal. El cambio político en los años treinta no se produjo por una huelga general, sino por unas simples elecciones municipales. La posibilidad de que unas elecciones de esta índole fueran el prolegómeno de la democracia fomentó el auge de la 'alternativa local'. Esta cuestión obsesionaba a un Gobierno que, según la Ley de Bases del Estatuto de Régimen Local del 21 de noviembre de 1975, tenía que dejar elegir por sufragio universal a los ediles de la mitad de los ayuntamientos de cada provincia (salvo los alcaldes de Madrid y Barcelona), y a la oposición democrática, que siempre tuvo clara la necesidad de controlar los municipios. De ahí que no fuera extraño que la Asamblea de Cataluña aprobara en esos momentos la campaña para conseguir democratizar los ayuntamientos.

El 25 de enero de 1976, hoy hace treinta años, se celebraron elecciones municipales libres, aunque restringidas, cuyos resultados no alteraron el estatu quo precedente. El 'fantasma de las elecciones de abril de 1931' hizo que en el otoño de este mismo año se aplazaran las municipales y provinciales hasta después de las primeras elecciones legislativas. El 1 de marzo de 1979 se celebraron las segundas elecciones generales libres, tras la muerte de Franco, y el 3 de abril, por fin, las municipales, de las que surgieron los primeros ayuntamientos y diputaciones democráticas tras el franquismo y que, posteriormente, consolidaron las de 1983, 1987, 1991, 1995, 1999 y 2003.

La moderna democracia española ha cicatrizado afortunadamente casi todas las heridas abiertas por la Guerra Civil de 1936, pero los principios sobre los que se funda, como los de todas las democracias occidentales, están directamente emparentados con aquéllos que inspiraron, con mayor o menor fortuna, la legalidad republicana. Éste es un hecho que se soslayó durante la Transición en pro de un consenso que sirviera de 'tábula rasa' de la memoria histórica, obviando el importante contenido moral de las motivaciones de los que participaron en la Guerra Civil. Como la cultura política de un país se apoya en la memoria colectiva, es de justicia que ésta se ajuste a la realidad histórica en la que se produjo. La de la República, la guerra y la dictadura está presente en la historia y sólo hace falta recuperarla para que fantasmas y espectros (los del pasado) dejen de estar presentes en la realidad actual de la España del siglo XXI.