Las plusvalías serán gravadas con un tipo único del 18%, al margen del periodo de tiempo en el que hayan sido generadas, según el anteproyecto de reforma fiscal que recibió ayer el visto bueno del Consejo de Ministros. La medida afectará a las ganancias en Bolsa y en fondos de inversión, intereses de las cuentas y depósitos bancarios, y a los beneficios conseguidos en la compra-venta de inmuebles, entre otras rentas de capital. En la actualidad, estas ganancias se encuentran sujetas a un impuesto del 15% si han sido obtenidas en un plazo superior a un año; en caso contrario, se les aplica el tipo general, que es muy superior y aumenta en función de los ingresos del contribuyente. Los dividendos inferiores a 1.000 euros quedarán exentos.

Esa regulación coincide en el País Vasco y en el resto de España. Aunque las modificaciones que plantea el Gobierno central no tienen por qué afectar en principio a Euskadi, que cuenta con una normativa tributaria propia, las haciendas forales han aprobado tradicionalmente un tratamiento fiscal de las plusvalías idéntico al existente en territorio común.

La propuesta presentada por el vicepresidente Pedro Solbes, y asumida ayer por el Ejecutivo, es muy distinta a la que figuraba en el programa con el que el PSOE ganó las elecciones generales. En ese documento, se comprometía a eliminar el tipo único (15%) establecido por el PP para las rentas de capital generadas en al menos, un año y un día, y hacerlas tributar como los ingresos del trabajo; es decir, a la escalada progresiva de la tarifa. Esa iniciativa fue justificada en su día para corregir una fiscalidad que, a su juicio, beneficiaba «a los ricos».

Si la iniciativa sale finalmente adelante, las plusvalías obtenidas en más de un año serán gravadas con tres puntos más que en la actualidad, pero las que sean fruto de un periodo inferior verán mejorada de forma notable su tributación.

Más reformas

El Ministerio de Economía y Hacienda, cuyos responsables no compartían ese apartado del programa electoral, fijó en el 18% el tipo único -en un principio se había barajado mantenerlo en el 15%- por las presiones del PSOE, que no ha ocultado un escaso entusiasmo con la moderada reforma abanderada por Solbes. Su secretario de Organización, José Blanco, apuntó ayer la posibilidad de emprender otras en el futuro para acercarse a los compromisos adquiridos por el partido con sus votantes. Sería, en todo caso, en otra legislatura, ya que los cambios planteados por el Gobierno entrarán en vigor en 2007 y los comicios generales están previstos para el año siguiente.

El vicepresidente admitió que los cambios son «prudentes», un hecho que justificó por la necesidad de garantizar la suficiencia financiera del Estado para abordar, entre otras cuestiones, el aumento del gasto social. «Si hay margen para más lejos, iremos más lejos», señaló. Solbes cifró en más de 2.000 millones de euros el coste de la reforma del IRPF y en una cifra similar la rebaja del Impuesto de Sociedades, que pasará del 35% al 30% en cinco años. En el País Vasco es del 32,6%.

El anteproyecto rebaja dos puntos, hasta el 43%, el tipo máximo del IRPF; deja el mínimo en el 15%; reduce a cuatro los cinco tramos existentes en la tarifa, y eleva el mínimo exento de tributación a 9.000 euros. Además, incrementa las deducciones por hijos, extiende las ventajas fiscales que tienen los planes de pensiones a los productos ligados a la dependencia -asistencia a mayores y personas discapacitadas- y mantiene el tratamiento fiscal de la vivienda.

Las diputaciones vascas también se proponen aprobar una reforma fiscal, cuyas líneas generales aún no están fijadas.