Cumplidora con su periódica aparición en aquellas convulsas tierras, la alarma por la evolución reciente y previsible del mapa político en América Latina crece imparable entre los gobiernos con influencia e intereses en la región, así como dentro de los grupos empresariales con presencia y vocación de permanencia en ella. Lo de menos, con ser importante, es que el líder indigenista y cocalero Evo Morales ('compañero antiimperialista' del dictador cubano, según este último) haya ganado holgadamente las elecciones presidenciales en Bolivia. La caída en el hervidero revolucionario puede producirse de nuevo en Perú, donde el también líder indigenista Ollanta Humala está muy bien situado de cara a las presidenciales del próximo abril frente a los que, en un alarde pasajero de generosidad, denominaremos esperpénticos Alan García y Alberto Fujimori (si la Justicia le permite, finalmente, participar) . Ahora bien, los desafíos electorales de mayor trascendencia para el conjunto de la región tendrán lugar en Brasil y en México, los dos gigantes que por el momento garantizan más o menos su estabilidad global.

En Brasil parece cada día más posible la derrota de Lula da Silva, un líder bien valorado internacionalmente por la ortodoxia de su política económica, pero duramente criticado en su país por la casi inexistente política de inversiones públicas y por los hechos que han servido de base a las denuncias de corrupción contra su partido y miembros del Gobierno... mientras la banca privada amasaba los mayores beneficios de la historia. Veremos si Lula puede aguantar o si la inestabilidad se apodera nuevamente de ese gran país. En México, el contrapeso y la resistencia que el Gobierno Fox ejerce frente a Hugo Chávez y su petrofinanciada revolución bolivariana serían borrados en un santiamén si el presidente electo resultara ser Manuel López Obrador, a quien se le reconocen probabilidades nada despreciables. Ante estas perspectivas y los peligros que entrañan, palidece la influencia del alcanforado caudillo autoritario y voluble en que se ha convertido el peronista Néstor Kirschner, izquierdista de salón y caprichoso arquitecto de inseguridades jurídicas para todo tipo de inversores; y adquiere también escaso peso relativo el histórico cambio político protagonizado por el socialista Tabaré Vázquez en Uruguay o el probable regreso al poder para finales de año del sandinista Daniel Ortega. Lo mismo que, esta vez lamentablemente, adquiere un tono menor la victoria de la sociealista Michelle Bachelet, primera mujer que gobernara el oasis político y económico latinoamericano en que felizmente se ha convertido Chile.

En estas circunstancias, conviene explicar someramente las razones que han conducido, una vez más, hasta la presente encrucijada, así como entrever las bases de partida y condiciones ineludibles para que América Latina pueda alcanzar la estabilidad política y social que tan dramáticamente reclama. Si miramos por el retrovisor, observamos que los años 80, rebautizados por los historiadores como 'la década perdida' para el desarrollo socioeconómico, fueron los peores para la región desde la última Guerra Mundial. La crisis de la deuda externa lo presidió todo en una época de gravísimos desequilibrios fiscales, tasas de inflación desmesuradas, tipos de interés paralizantes de cualquier actividad industrial, debilitamiento hasta la extenuación de los sistemas financieros nacionales, tasas de inversión productiva por los suelos y un terrible etcétera. En el desastre colaboró, ocasional pero intensamente, el Fondo Monetario Internacional (FMI), que puso en práctica el recetario estándar del Consenso de Washington, sin secuencias adaptadas a las necesidades específicas de cada país de destino; todo ello pese a conocerse de sobra que este tipo de medicina (créditos bajo condiciones draconianas que obligan a apretar más aún el cinturón del enfermo, hasta quitarle la respiración), aplicada en dosis de caballo, ha dejado a más de un país tan pobre como antes, pero más endeudado y con una elite dirigente más opulenta.

En los años 90 las cosas mejoraron gracias a ciertas reformas estructurales (la mayoría recomendadas, las cosas como son, por el FMI) y a una coyuntura exterior favorable: la inflación recobró niveles moderados, la financiación internacional se hizo nuevamente accesible y se recuperaron una cierta estabilidad macroeconómica y hasta una pequeña senda de crecimiento. Pero las tasas de inversión y de ahorro se mantuvieron muy bajas y al final de la década se llegó sin resuello, con muy escaso peso de las industrias intensivas en capital y con unos registros tecnológicos bajo mínimos. Y, lo más grave de todo, sin haberse ejecutado programas redistribuidores de la renta destinados a reducir las desigualdades sociales y a luchar contra la pobreza. Es decir, un panorama proclive como ninguno al retorno de episodios dramáticos, como los ocurridos en Argentina por (entre otras cosas) la terquedad de mantener un tipo de cambio fijo respecto a una sola divisa, un dólar en apreciación constante, mientras su comercio exterior se producía fundamentalmente con Europa. La buena noticia, al menos en esta región tan exageradamente pendular, es que se han respetado por doquier los principios democráticos de alternancia en el Gobierno, lo que no es precisamente poca cosa.

¿Y qué necesita Latinoamérica para alcanzar una estabilidad política y social duradera? Pues en esto hay pocas dudas: se requiere que sus economías crezcan fuertemente durante un período largo de tiempo (como lo vienen haciendo China, Corea, Tailandia, Singapur, etcétera) y que los resultados de ese progreso se utilicen básicamente, aunque no sólo, para reducir las enormes desigualdades de renta y oportunidades vitales que separan a las clases dirigentes de las más desfavorecidas. Para ello hace falta el consenso de las fuerzas políticas en torno al modelo de economía social de mercado y unos Estados fuertes, honestos y modernos, capaces de ofrecer seguridad jurídica a los inversores y de organizar sistemas fiscales suficientes y justos, de los que detraer recursos para invertir en sanidad, educación e infraestructuras económicas y sociales, tres elementos clave en la erradicación de la pobreza. De otro modo, que nadie se lamente si, como ya está ocurriendo en algunos países, la gente se cobija en grupos populistas poco estructurados en torno a propuestas económicas de recorrido imposible; propuestas que, al final, acaban siempre desatando desastres colectivos que resultan especialmente crueles para los más pobres... y vuelta a empezar con el hervidero de conflictos.

Una vez más, América Latina se debate entre una nueva utopía y otros 'cien años de soledad', entre la integración económica (imposible con el Mercosur actual) que libere el enorme potencial de la región y la introversión política que perpetúe la frustración de la historia reciente enmascarándola en las historias del pasado. La responsabilidad de acertar con la salida más idónea de la encrucijada corresponde, obviamente, a los latinoamericanos; pero no sólo a ellos, porque son muchos los intereses legítimos que están en juego y en riesgo. Por ejemplo, los nuestros.