El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande Marlaska ordenó ayer la suspensión total de actividades de la ilegalizada Batasuna por dos años más y prohibió por tanto el congreso nacional que el partido abertzale tenía previsto celebrar el próximo sábado en Barakaldo. Además, el magistrado encargó a las Fuerzas de Seguridad del Estado que ejecuten una cascada de medidas para garantizar que se cumplen todas sus órdenes.

El extenso auto pone punto y final a las diatribas sobre la capacidad de actuación de Batasuna, aunque contra él cabe recurso de reforma ante el propio Juzgado Central de Instrucción 5 en el plazo máximo de tres días. Fue dictado a las cuatro y media de la tarde, después de que la Fiscalía, las acusaciones particulares -Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia- y las defensas de los procesados en el sumario de Batasuna expusiesen durante dos horas su parecer sobre este asunto en la 'vistilla' celebrada desde las 10.45 horas en el despacho del juez.

La Fiscalía y los acusadores fueron partidarios de la suspensión de actividades y de la prohibición del congreso; la AVT incluso pidió la detención de los promotores por un delito de colaboración con banda armada. Las defensas, que intentaron sin éxito recusar a Grande Marlaska, argumentaron que Batasuna no puede ser suspendida en un proceso penal porque ya está ilegalizada desde 2003 por el Tribunal Supremo.

El magistrado asegura que la Audiencia Nacional puede acordar la suspensión cautelar de actividades de la coalición, dentro del sumario penal contra Batasuna que su juzgado instruye desde 2002, porque, aunque se trata de un partido disuelto por el Supremo, en la práctica la formación política ha burlado su ilegalización y continúa su labor política en la clandestinidad.

La renovación de la suspensión está justificada, en su opinión, para abortar el peligro de reiteración delictiva de una organización a la que considera parte integrante de ETA. A la hora de basar la imputación delictiva a Batasuna, repite los mismos argumentos que el 26 de agosto de 2002 sirvieron a Baltasar Garzón para acabar con las actividades de este partido, medida que se mantuvo en vigor hasta igual fecha de 2005.

Proscripción total

Grande Marlaska, lejos de ceñirse a la mera proscripción de la asamblea de Batasuna del próximo sábado, dictó un auto de 37 folios con el que pretende asegurar en la práctica, hasta el último detalle, la 'muerte civil' del partido de la izquierda abertzale, que en los últimos meses ha burlado la ilegalización y había retomado su actividad orgánica, según consta en los informes elaborados para el juzgado por los servicios de Información de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

El juez hace responsables del cumplimiento de sus órdenes a la consejería de Interior -a través de la Ertzaintza- en el ámbito de Euskadi, y a las jefaturas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en el territorio de Navarra, al tiempo que les exige la presentación mensual en el juzgado de un informe detallado con la evolución de su trabajo, en el que conste el grado de ejecución de las medidas contempladas en el auto judicial.

La resolución prohíbe la participación de Batasuna -o de sus 'sucedáneos' y sustitutos- como partido o grupo en cualquier actividad, interna o externa, pública o privada -incluidas las institucionales y los actos públicos de toda índole-, en la organización o asistencia a manifestaciones y reuniones, en la emisión o colocación de propaganda, y en el uso de sus signos y símbolos; al tiempo que ordena el cierre de sus sedes o lugares de reunión y de sus páginas 'web'.

Como primera medida derivada del auto, Grande Marlaska prohíbe el congreso nacional de Batasuna en el BEC de Barakaldo y especifica que esta proscripción está en vigor se haga el día que se haga e «independientemente de donde pueda celebrarse». En tal sentido, oficia a los tres cuerpos policiales citados para que informen al juzgado, «a la mayor brevedad posible», sobre si este congreso se ha celebrado ya o no.

En el caso de que la asamblea del partido ilegalizado se haya celebrado ya, pide explicaciones de por qué las fuerzas de seguridad no lo han impedido; si está todavía por producirse, quiere saber cuál será su localización definitiva, teniendo en cuenta que debe acoger a un número considerable de personas.

Dentro de este apartado, el magistrado realiza dos advertencias a terceros. La primera va dirigida a los particulares u organizaciones que intenten auxiliar a Batasuna en la celebración del congreso prohibido. Les comunica que esa actuación puede ser constitutiva de múltiples delitos, entre ellos el de colaboración con banda armada, desobediencia u omisión del deber de impedir delitos.

El auto no realiza mención explícita alguna del motivo de esta precaución, pero parece dirigida a los partidos vascos que se ofrecieron a facilitar una tribuna legal -otro acto convocado por ellos- para que la formación ilegalizada pudiese dar a conocer a su nueva mesa nacional y su nueva propuesta política. «Es el congreso de Batasuna como frente político-institucional de ETA», recuerda el magistrado para explicar el veto.

En el segundo aviso, ordena a la consejería de Interior que informe a los responsables del BEC de que «se abstengan» de ceder su inmueble a los representantes de Batasuna, con la advertencia de que si ignoran el mandato pueden «incurrir en cualquiera de los delitos descritos» en el párrafo anterior.

Rastreo de sedes

El apartado tercero y cuarto de la parte dispositiva del auto da a las fuerzas de seguridad instrucciones concretas para el cierre de las sedes o lugares de reunión de Batasuna y ordena clausurar por dos años las tres sedes que tienen identificadas en inmuebles de Bilbao, San Sebastián y Pamplona. Para cerrar el resto de locales utilizados de un modo u otro por Batasuna, pide a la Guardia Civil y a la Policía Nacional que averigüen su ubicación concreta en el País Vasco y Navarra y que procedan a su precinto, sean de titularidad del partido ilegalizado o no.

La última advertencia del juez se dirige a todos los medios de comunicación e informa a sus responsables de que la formación abertzale está suspendida a todos los efectos, por lo que no pueden vender o ceder al partido político o a sus sucesores ningún espacio publicitario.

Los servicios de información de las FSE sospechan que Batasuna podría adelantar su congreso -que no el «acto de masas» de presentación de la nueva mesa nacional convocado en Barakaldo- y celebrarlo de manera clandestina para sortear la prohibición. Tampoco descartan que convoque la reunión de urgencia en el País Vasco francés, puesto que la formación independentista es legal en Francia.