El Instituto Nacional de Estadística ha hecho público el dato definitivo del cambio anual en el Índice de Precios al Consumo, confirmando los pronósticos negativos: los precios subieron un 3,7% durante el pasado año y lo hicieron además para convertirse en la tasa más desfavorable de los últimos ejercicios. Esto es una mala noticia para la economía española porque el incremento del IPC aumenta los precios relativos de los bienes y servicios generados en España y, por lo tanto, pone al sector exportador en desventaja. Pero, además, la inflación disminuye la capacidad de compra del consumidor, eleva la carga fiscal, desincentiva el ahorro y, sobre todo y lo que es más peligroso, fomenta la vinculación de precios y salarios en los convenios, y con ello la espiral de un nuevo aumento de los mismos.

Algo está funcionando mal en la economía española. Aunque sea cierto que el régimen monetario europeo es demasiado laxo para un país que, como el nuestro, crece por encima del 3%, el comportamiento de ciertos sectores tiene mucho que ver con la tasa de inflación que soportamos. Carece de sentido, por ejemplo, que nuestros textiles, zapatos, complementos o utensilios del hogar, y en general los bienes duraderos, no sólo no estén cayendo rápidamente de precio, sino que están aumentando. Los responsables económicos españoles tienen ciertamente poco control sobre las variables monetarias, pero sí disponen de influencia sobre las condiciones de competencia en el mercado y en este sentido no parece haber mucho progreso. Y las perspectivas no son tampoco favorables para este año.

La probabilidad de llegar al objetivo comunitario del 2% es nula e incluso el objetivo declarado por el Gobierno -2,5% para finales de 2006- será muy difícil de alcanzar si no se actúa con rapidez hacia la liberalización de sectores. Sin embargo, la ausencia de una reforma laboral o el cariz que toma el Plan de Actuación del Comercio Interior, que intenta insertar en la distribución comercial el control de márgenes, por no mencionar los primeros anuncios que se han hecho sobre la llamada Ley de Sobreendeudamiento, que parece querer limitar los embargos por impago, son ejemplos de la escasa vocación que hay de abrir los mercados y de optar, una vez más, por los controles de precios. La inflación es el problema más serio de nuestra economía y su contención no admite demora porque en una economía abierta, tarde o temprano, termina equivaliendo a desempleo.