Es más que un presidente del Gobierno, por mucho poder que tenga. El Estado son unas normas de obligado cumplimiento para todos y unos poderes separados que limitan la discrecionalidad del gobernante y garantizan los derechos ciudadanos. El gobernante puede hacer mucho, pero no puede actuar como le da la gana sino dentro del marco legal. En el País Vasco, donde se ha dado categoría de axioma a la simpleza del 'qué hay de malo en ello', esto puede parecer incomprensible, pero es el abc de la democracia, esa democracia de la que Mario Onaindía dijo que no es sólo un procedimiento, «sino sobre todo una forma de convivencia basada en unos valores. El principal de todos la isonomía: la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley». La Ley a la que estamos sometidos.

La sentencia que ilegaliza a Batasuna no puede pasarse por alto e incumplirse por mucho que se crea que si se les deja hacer un congreso es posible que se rindan, critiquen a ETA o vayan a dar un paso para convertirse en una fuerza democrática. Ni aún así. Los tribunales han dejado claro que Batasuna está fuera de la ley y no tienen derecho a reunirse ni para rezar el rosario.

El acto del BEC del día 21 es un mitin de Batasuna y no una feliz coincidencia de unos cientos de seguidores de la izquierda abertzale a título particular. Esto no es una afirmación de la Guardia Civil, sino de la propia Batasuna, que, antes que nada, quiere poner en evidencia la derrota del Estado en la aplicación de la Ley de Partidos y obtener una victoria simbólica de esas que alimentan la moral de los suyos para varios años.

Algunos dirigentes socialistas prefieren mirar hacia otro lado y permitir el acto demostrando con este proceder prisas y nervios contraindicados para cualquier negociación. Esperaban una tregua en diciembre que no ha llegado. En lugar de eso, una ETA más levantisca que en noviembre ha exigido que sea el Gobierno el que haga concesiones. Y tras esa exigencia, el presidente cuestiona la Ley de Partidos. Mala jugada desde el punto de vista de alguien que está en un proceso de negociaciones implícitas y peor desde el punto de vista del Estado de Derecho.

Por suerte, el Estado es más. El Estado son también los jueces que han reaccionado ante la sospecha de una gran burla a la ley, como ha reaccionado de manera ejemplar el Alto Comisionado para las Víctimas, Gregorio Peces-Barba, al traernos una cita de Montesquieu en la que señala que «la libertad (precisamente) consiste en hacer lo que las leyes permiten, porque si se pudiera hacer lo que prohíben, todos tendrían ese derecho y ya no habría libertad». Parafraseando a Arnaldo Otegi, cabe preguntarse: ¿y esto lo sabe el fiscal general?